Trece familias pierden cada día su vivienda en Canarias

NAIMA PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE La crisis se ceba en estos tiempos con los sectores más desfavorecidos de la sociedad y, entre otros derechos, lastra el de la vivienda. El artículo 47 de la Constitución Española determina algo que hoy día no se cumple: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Sin embargo, el tambaleo del actual sistema financiero y los excesos cometidos durante los tiempos de vacas gordas arrojan cifras preocupantes. Aunque el número de hipotecas constituidas sobre viviendas viene desplomándose de forma consecutiva en los últimos meses, cada día trece familias canarias pierden su vivienda tras la correspondiente ejecución hipotecaria. En total, durante el primer semestre de 2011 se ejecutaron 2.372 hipotecas en Canarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Si esta cifra la dividimos por los 182 días que corresponden a la mitad del año, la media es justo de 13, el número de familias que pierden la casa cuyas cuotas no pueden pagar al banco con que firmaron su préstamo hipotecario.

Mientras, en el ámbito nacional, durante el ejercicio 2010 las regiones con más ejecuciones hipotecarias fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña, con algo más de 18.000 expedientes, frente a La Rioja (615) o Navarra (679). El total de Canarias en el pasado año ascendió a 4.819 casos.

Los datos estadísticos de los últimos años y que maneja el Consejo General del Poder Judicial, experimentan, sin embargo, un comportamiento atemperado desde el primer semestre de 2009, momento en que la ejecución hipotecaria en Canarias alcanzó su máximo, con 2.917 casos. A partir de esa fecha las cifras han ido descendiendo levemente hasta los 2.212 expedientes del segundo semestre de 2010 y en los primeros seis meses de este año se produjo un ligero repunte, hasta las 2.372 ejecuciones hipotecarias.

La razón principal de este somero descenso responde, según el gerente del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatfe), Víctor Marrero, a que "ha llegado un momento en que a los bancos no les interesa ejecutar las hipotecas y quedarse con los pisos, porque ya tienen demasiados inmuebles en su poder y prefieren agotar la vía ejecutiva antes que convertirse en inmobiliarias". De esta forma, Marrero afirma que las entidades bancarias tratan de buscar fórmulas que faciliten el pago de las hipotecas a los propietarios de las viviendas.

El expediente de una ejecución hipotecaria suele iniciarse por lo general cuando transcurren tres meses en que el prestatario no cumple con su obligación mensual de abonar su cuota, apunta Marrero, quien recuerda que los trámites se han agilizado a través de lo que se conoce como desahucio express y si antes un proceso de estos podía durar más de un año, ahora ese plazo se reduce en muchos casos a no más de dos meses.

Desahucios extrajudiciales
Sin embargo, estos datos del Poder Judicial se elevan de forma considerable con los que aporta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Canarias. Este colectivo habla de que unas 28.000 familias en Canarias tienen ejecutado hoy día su préstamo, ya que en esta cifra incluyen también los desahucios que pueden llevarse a cabo sin orden judicial. Esta incidencia de las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales va en aumento, según denuncia la Plataforma de Afectados.