Ningún parado canario perdió el subsidio por rechazar un trabajo en 2009 y 2010

ANA MARTÍNEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Ni un sólo parado ha perdido en Canarias la prestación de desempleo por haber rechazado un puesto de trabajo o un curso de formación. El coordinador territorial del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE), Pedro Duarte, explicó que el Servicio Canario de Empleo (SCE) no ha comunicado ninguna infracción de este tipo ni en 2009 ni en 2010. Duarte precisó que el convenio para el traspaso de competencias en materia de empleo deja en manos de la administración autonómica la comunicación de este tipo de incidencias para, después, imponer las sanciones correspondientes.

"El ministro Corbacho y el consejero Jorge Rodríguez vienen abogando por que sólo cobren el paro aquellas personas que tienen derecho a ello", apuntó el coordinador del SPEE, "pero eso significa que sólo lo perciban quienes participan en los itinerarios de inserción de empleo". "Los casos de pérdida de prestación son muy pocos en toda España porque la parte más desagradable de la política es, precisamente, la de ir sancionando a la gente", comentó.

"No obstante", añadió, "la ley es clara con respecto a las infracciones e incluso en los casos de trabajadores en las listas del paro que no son beneficiarios de la prestación se prevén sanciones por incumplimiento".

Escasas
En efecto, aunque las penalizaciones están perfectamente previstas en la normativa, no son demasiado frecuentes. Duarte precisó que "son más habituales en los casos en los que los beneficiarios no acuden a sellar en las fechas previstas". Entre enero y diciembre del año pasado se congeló la prestación a 238.000 personas, según el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo.

La retirada del subsidio, en cambio, sólo afectó el año pasado a 1.456 personas en todo el territorio nacional, según consta en el anuario.
Sin embargo, el consejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, precisó que el SCE comunica a la administración estatal todos los casos de rechazo de puestos de trabajo que se registran en sus oficinas.

"Lo que ocurre es que la parte que corresponde a la Comunidad Autónoma es la de las políticas activas de empleo", aclaró Rodríguez. "El control administrativo y las sanciones corresponden al Estado", continuó, "nosotros nos limitamos a informar". Asimismo, recalcó que para sancionar sería necesario "dar fe de que eso, efectivamente, ha sido así". "Haría falta remitir a cada trabajador un burofax o emplear un sistema análogo", destacó. En este sentido, defendió que "si la administración estatal quiere que nos hagamos cargo de todos los trámites burocráticos para proponer las sanciones, lo que procede es revisar la ley básica de competencias".

El consejero apuntó que su departamento "ya abrió este debate en septiembre del año pasado, recibiendo duras críticas por parte de los sindicatos, que nos acusaron de que queríamos demonizar a los parados". Rodríguez puntualizó que las críticas de su departamento surgieron tras detectar que dos de cada tres trabajadores rechazaban las ofertas de empleo que se les ofrecían a raíz de los convenios con los cabildos.

"Nos alegramos de que el debate esté siendo ahora más sosegado, aunque nosotros pagamos el pato el año pasado", declaró.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, también se ha mostrado favorable a ejercer un mayor control sobre los desempleados que rechazan puestos de trabajo o cursos de formación.

"Si las personas se acomodan en el paro, no quieren coger ningún trabajo hasta que no les vence", señaló González. "Ahora es el Gobierno quien tiene que poner toda la carne en el asador y sancionar si se le ofrece a alguien un empleo para el que está preparado y lo rechaza", agregó.

El presidente de la Cámara hizo un llamamiento a la responsabilidad. "Cada vez entra más gente en las listas del paro y corremos el riesgo de que llegue un momento en que no haya suficientes medios para pagar a todos", advirtió. "Por eso, si alguien encaja en un trabajo que se le ofrece, tiene la obligación moral de aceptarlo, aparte de que sea un mandato legal", sentenció González.