AGENCIAS | MADRID
El Gobierno decidió ayer asumir por decreto la supervisión del tráfico aéreo apelando al interés general de la ciudadanía y a la necesidad de reducir costes, y quitándosela a los controladores, que piensan acudir a los tribunales para intentar mantener una capacidad que tenían cedida desde 1999.
El ministro de Fomento, José Blanco, explicó que el Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo permitirá garantizar la seguridad, continuidad y eficiencia del servicio de tránsito aéreo, cuyo control vuelve a depender del gestor aeroportuario AENA, al tiempo que liberalizará esta actividad abriéndola a los controladores con licencia de otros países europeos.
Dentro del sector turístico la iniciativa del Ejecutivo ha sido bien acogida, ya que consideran que los elevados costes salariales de los controladores son los que restan competitividad al servicio de tráfico aéreo español, que cuenta con las tasas más altas de la Unión Europea.
Según Blanco, el sobrecoste del servicio es consecuencia de la gran cantidad de horas extraordinarias realizadas por los controladores, que a partir de ahora se limitan a 80 al año, frente a las 600 actuales, al tiempo que se amplía de 1.200 a 1.750 horas la jornada anual efectiva.
La intención de Fomento es que la retribución media anual de un controlador baje de los 350.000 euros a 200.000 euros, y que todavía sería muy superior a lo que cobra uno alemán (158.000 euros), francés (110.000 euros) o británico (70.000 euros).
A pesar de haber aprobado estos cambios de forma unilateral, Fomento seguirá negociando con los controladores un nuevo convenio que venga a sustituir el de 1999, que ya lleva cinco años caducado.
Para el secretario de Comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos , Rafael López, supone de hecho la instauración de un "estado de excepción laboral", que confirma la "nula" voluntad negociadora de AENA, a pesar de lo cual no tiene previsto utilizar la huelga como medida de presión.
Por el contrario, tanto la Asociación Española de Compañías Aéreas como la Asociación de Líneas Aéreas han expresado su apoyo a la decisión del Gobierno.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) reconoció que los acuerdos de ampliación de jornada laboral firmados entre los controladores y el gestor aeroportuario durante los últimos cinco años desde que venció el convenio, son "nulos de pleno derecho".
Por su parte, las centrales sindicales UGT y CC OO temen que el contenido de este Decreto -pendiente aún de aprobación ante el Congreso- pueda "sentar un precedente" y se extienda a otros colectivos dependientes también de un ente público, como es Renfe.
"A partir de ahora cualquier trabajador puede ver que su convenio con la Administración se rompe por decreto", se resignó un portavoz de UGT.
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