Por inconstitucional

El Gobierno recurrirá la Ley de Cajas gallega

El Ejecutivo central asume el dictamen que aprobó ayer por unanimidad el Consejo de Estado

 17:30  

EP El Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra "determinados preceptos" de la Ley de Cajas de Ahorros gallega por considerar que colisiona con la ley estatal que regula estas entidades, según anunció este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

"La norma va más allá de las competencias (de Galicia) a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito", sostuvo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según el Ejecutivo, la ley autonómica "no se ajusta a la ley estatal sobre órganos de representación".

El Gobierno solicitó la semana pasada un dictamen urgente al Consejo de Estado para ver si existen indicios de ilegalidad que aconsejen recurrir dicha ley autonómica ante la existencia de preceptos que colisionan con la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA). El dictamen del órgano consultivo confirmó los indicios de inconstitucionalidad detectados por el Gobierno central en diez preceptos de la Ley de Cajas de Galicia, que entró en vigor la primera semana de enero.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ya advirtió la semana pasada que los indicios de inconstitucionalidad detectados en la norma gallega "van mucho más allá de las cuestiones que provocaron el recurso contra la ley de cajas madrileña", que finalmente fue modificada.

El Gobierno explicó entonces que tomaría una decisión al respecto cuando contara con el informe del Consejo de Estado, si bien reconoció que creía en la existencia de indicios de inconstitucionalidad.

El aviso de Salgado se produjo días después de que el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, advirtiera de que no sería la primera vez que el Gobierno central recurriese una Ley de cajas autonómica.

Rechazado de la Xunta

Por su parte, El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este viernes mismo al Gobierno central de que "si hay algún acto inconstitucional" es precisamente que se recurra la Ley de Cajas Gallega, puesto que la norma autonómica es igual a otros marcos legislativos que sí ha "refrendado en las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE", dijo en referencia a las leyes de Cataluña y Andalucía.

"Lo que es más inconstitucional es tratar de forma desigual a los ciudadanos", recriminó Feijóo en una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press, en la cual acusó al Gobierno de haber actuado "de forma desleal en la forma y en el fondo" en relación a la Ley de Cajas que fue aprobada el pasado 29 de diciembre con los votos del PP y del BNG.

Además, representantes del PP, el BNG, la patronal gallega y los tres sindicatos de clase -UGT, CC.OO. y CIG- rubricaron hoy un manifiesto conjunto que, bajo el título 'Galicia tiene derecho', reivindica "un sistema financiero eficiente", exige "respeto al autogobierno gallego" y apuesta por la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.

Renovación paralizada

El recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Cajas de Galicia paralizará la renovación ya en marcha de los órganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova que, según el marco normativo aprobado en diciembre con los votos del PP y del BNG, supondría la renovación en dos meses del 75% de las asambleas de las cajas.

Si el Gobierno central y el gallego no llegan a un acuerdo sobre la modificación de la Ley de Cajas, la suspensión de su aplicación podría dificultar en la práctica una fusión de las cajas gallegas, ya que el proceso de renovación de sus órganos de gobierno podría quedar interrumpido durante cinco meses y el plazo para recurrir al FROB finaliza el 30 de junio.

Núñez Feijóo ya manifestó ayer su voluntad de negociar con el Gobierno central y se mostró dispuesto a modificar aspectos puntuales o técnicos de la normativa, aunque advirtió de que, en ningún caso, aceptará "recortes" que frenen en la comunidad gallega "principios" aceptados en otras autonomías.

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