EFE | BRUSELAS
El Gobierno español es consciente de que la venta de Opel a Magna tendrá "algún tipo de efecto" en el empleo, pero quiere que la Comisión Europea (CE) garantice que las decisiones empresariales no estarán condicionadas por las ayudas ofrecidas por los distintos gobiernos a la compañía, según transmitió el secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Diego López Garrido, al comisario de Industria, el alemán Günter Verheugen.
A su llegada a una reunión de ministros de Industria, López Garrido subrayó que España exigirá a la CE "que aplique la legalidad comunitaria" y que "no haya ningún tipo de ayuda de Estado o decisión de gobiernos que condicionen la decisión empresarial".
Magna, probable comprador de la filial europea de General Motors, dijo que prevé recortar alrededor de 11.000 empleos en las distintas factorías que Opel tiene en Europa, de los que 1.672 serían en la fábrica zaragozana de Figueruelas, pero el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung reveló que la reducción en Figueruelas ascendería a 2.090.