El Congreso aprueba la ayuda de 420 euros a parados

EFE | MADRID
El Congreso apoyó ayer con la mayoría de todos los partidos, a excepción de UPyD, el decreto-ley que regula la ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan agotado la prestación desde el 1 de agosto y su tramitación parlamentaria.

Una de las modificaciones que introducirán los grupos a través de sus enmiendas será la ampliación de la ayuda del 1 de agosto al 1 de enero de 2009 y así a los 340.000 beneficiarios actuales se sumarán unos 255.000 más. No obstante, estas personas que dejaron de percibir la prestación desde primeros de año no podrán solicitar los 420 euros hasta noviembre, cuando concluya el trámite parlamentario y se aprueben las modificaciones pertinentes.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, instó a los grupos parlamentarios a aprobar "con urgencia" la medida y les pidió su implicación, ante el riesgo de exclusión social al que se enfrentan los parados que han agotado sus prestaciones, y abogó por ampliarla más allá de las rentas mínimas de inserción que otorgan las comunidades autónomas.

Corbacho también recordó que se trata de un programa temporal y extraordinario que garantiza los ingresos mínimos y la inserción laboral y que no se limita solo a conceder una prestación a personas en situación de necesidad, sino que considera su condición de trabajadores y "pone énfasis" en reforzar la capacitación para su entrada en el mercado laboral.

El decreto, en sus términos actuales, establece la ayuda de 420 euros para los desempleados que hayan agotado su prestación o subsidio desde el 1 de agosto y tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros) durante un periodo de 6 meses prorrogable si la tasa de paro supera el 17%.

El diputado popular Juan Ignacio Echániz dijo que el PP ha dado un "claro sí" a la medida porque lo contrario "sería condenar a la indigencia a nuevos excluidos y pobres que ha creado el Gobierno", aunque puntualizó que "los españoles no quieren un cheque-parado sino un empleo digno", y pidió al Gobierno políticas de empleo que no sean "parches".

Carles Campuzano, de CiU, consideró que la medida, para ser "eficaz", debe incluir una reforma de los Servicios Públicos de Empleo que garantice la inserción laboral y otra "amplia" del mercado laboral para evitar la elevada temporalidad.

Emilio Olabarría (PNV), aunque votó a favor, criticó la "falta de clarividencia" de la política de empleo del Gobierno y exigió que en la tramitación parlamentaria se establezca el carácter universal de la ayuda.

Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, abogó por la ampliación al 1 de enero y que no se establezca el límite del 17% de tasa de paro para la ejecución de la medida, mientras que Carlos Salvador (UPN) criticó que el Gobierno no haya contado con las comunidades autónomas.

Rosa Díaz, de UPyD, argumentó su voto en contra porque la ayuda "institucionaliza" la discriminación, pero apoyó su tramitación como proyecto de ley para introducir enmiendas.

Gaspar Llamazares (IU), dijo que la medida reactivará la demanda y pidió que otras administraciones "cumplan con su papel" y "complementen la ayuda", y el portavoz de ERC Joan Tardá pidió un debate sobre la renta básica universal.

José Antonio Alonso (PSOE), se felicitó por que la medida beneficiará a las personas y a las familias que más lo necesitan.