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EFE | PARÍS-MADRID
El paro seguirá en aumento en España al menos durante el año próximo como en el conjunto de la OCDE, pero a un ritmo inferior al que lo ha hecho hasta ahora, al contrario de lo que va a suceder en otros grandes países europeos como Alemania, Francia o Italia donde el incremento del desempleo se va a agravar, según una de las conclusiones del informe anual de Perspectivas del Empleo publicadas ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que calcula que el porcentaje de paro en España al terminar 2010 será del 19,8%, frente al 18,1% en junio pasado.
Con ese nivel de desempleo, España doblará la media de la OCDE, que en el cuarto trimestre de 2010 se situará en el 9,9% comparado con el 8,3% el pasado mes de junio.
Los autores del informe señalan que el número de parados en España desde el inicio de la crisis en 2007 ha aumentado en 2,213 millones de personas, y que al terminar el próximo ejercicio el incremento acumulado se elevará a 2,706 millones.
La ralentización del ritmo de destrucción de empleo en los próximos meses va a ser una tónica común en países como España, EE UU, Irlanda o Japón, mientras que la cadencia de pérdidas de puestos de trabajo se acelerará en otros como Alemania, Francia e Italia.
Al final, en los 30 Estados miembros de la OCDE cuando termine el año próximo el paro se habrá visto incrementado con 25,487 millones de personas más, de los cuales 14,936 pasaron a formar parte de ese grupo en junio pasado.
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero insistió ayer durante su comparecencia semanal ante el Congreso en la necesidad de subir los impuestos para preservar la protección social y conquistar más derechos sociales.
Zapatero consideró que las reformas fiscales comportan en algunos casos subidas de impuestos "y en otros rebajas", -lo que reconoció que implica el tener que tomar medidas poco amables- y que va a suponer consolidar el objetivo fiscal de España para cumplir el Pacto de Estabilidad, a la vez que mantendrá los avances en derechos sociales y la capacidad del sector público en inversiones productivas que contribuyan a la recuperación económica.
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