Un 50% más de personas necesitan ayuda para subsistir

EFE En conferencia de prensa, el secretario general de Cáritas, Silverio Agea, ha detallado que las peticiones de ayuda para alimentos y artículos básicos han aumentado en un 89,6 por ciento respecto a 2007 y las ayudas para hacer frente a alquileres o hipotecas y no perder la vivienda han aumentado en un 65,2 por ciento.

También ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda, ha apuntado Agea, quien ha destacado el aumento de familias jóvenes con niños pequeños, parados recientes que están a punto de perder las prestaciones por desempleo y mujeres solas con cargas familiares.

"También cada vez más se acercan a Cáritas hombres solos sin hogar, separados o divorciados, que están en paro y no pueden afrontar el pago de un hogar donde vivir, y trabajadores autónomos que han tenido que cerrar sus pequeños talleres o comercios a causa de la crisis", ha explicado.

Ante esta situación, los servicios sociales públicos han respondido con "falta de previsión y agilidad" y con una "grave dimisión de responsabilidades", hasta el punto de que el 52 por ciento de las personas que llegan a Cáritas lo hace por indicación de las administraciones, que no pueden hacer frente a la avalancha de peticiones.

Así, Agea ha criticado que los fondos públicos para ayudas básicas "están en el mismo nivel que en 2007, lo que demuestra una grave falta de previsión y ajuste ante la crisis".

Las administraciones tampoco han sabido adaptarse a la nueva situación, con lo que por ejemplo, los trámites para recibir ayudas básicas tienen unos plazos de 98 días, "tres meses en los que la gente sigue teniendo que comer, vestirse y pagar sus deudas para no quedarse en la calle", ha apuntado.

Cáritas ha hecho un llamamiento en favor de un pacto de Estado para facilitar un crédito a los Ayuntamientos que les permita asistir a las personas necesitadas antes de que caigan en la "más absoluta pobreza y exclusión".

Según un estudio de Cáritas, garantizar ingresos equivalentes al 85 por ciento del salario mínimo interprofesional supondría un gasto de 2.200 millones de euros, mucho menos que "los famosos 400 euros del IRPF, que han supuesto un gasto de 6.000 millones de euros", ha subrayado el profesor de Universidad Rey Juan Carlos y autor del informe, Luis Ayala.

El estudio también subraya que a la falta de agilidad de la Administración, cuyos servicios de atención están "colapsados por la avalancha de demandas", se une la fragmentación de los servicios y las desigualdades en las ayudas entre Comunidades Autónomas.

"España es el único país europeo que sigue sin tener una última red de protección social y, aunque la crisis pase antes o después, la resaca va a ser grande", ha advertido Ayala, quien ha considerado la situación actual como "una oportunidad para revisar nuestro modelo de protección social y nuestro modelo de sociedad".