15 de mayo de 2018
15.05.2018
Corrupción de menores Reacción de la Administración autonómica

El Gobierno abrirá dos oficinas para atender a los jóvenes que deja de tutelar

La consejera de Políticas Sociales advierte de que la prostitución de menores afecta también a adolescentes que no viven en los centros de protección

15.05.2018 | 08:09
El Gobierno abrirá dos oficinas para atender a los jóvenes que deja de tutelar

El Gobierno de Canarias anunció ayer la apertura de dos oficinas, una en cada provincia, para atender a los jóvenes que dejan de estar bajo su tutela. Así, el Ejecutivo pondrá en marcha un servicio de orientación, apoyo, ayuda al empleo y a la integración social, con el fin de que, una vez cumplidos los 18 años, "aunque vuelvan con sus familias o quieran volar y vivir donde sea o con amigos, tengan un punto de referencia donde puedan acudir y donde les podamos apoyar para desarrollar una vida normalizada", avanzó ayer la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido.

Un total de 808 menores viven actualmente en los 87 hogares tutelados por el Gobierno de Canarias y gestionados por los cabildos. Hasta ahora nada más cumplir la mayoría de edad los adolescentes quedan fuera del sistema de protección y, por ende, se ven expuestos a caer en riesgo de exclusión social. De ahí la medida impulsada, que se suma a otras como los pisos para extutelados.

"A los 18 años son libres, pueden hacer lo que quieran, no podemos detenerles", aseguró Valido, que detalló que normalmente se trabaja con ellos para prepararles para la emancipación. Algunos vuelven a su barrio, a su familia, otros pasan a compartir piso con algún compañero, hay casos de todo tipo y "es verdad que hay muchos que están deseando cumplir los 18 años para irse porque no quieren someterse a medidas disciplinarias ni a horarios. Se sienten adultos y están locos por cumplir la edad para volar", apostilló.

La consejera de Políticas Sociales aseguró que la vigilancia de los centros de menores es "máxima" y arremetió contra "los señores" que contratan a jóvenes para tener sexo. Personas que "no tienen ningún reparo en pagar por niñas y que, además, aprovechan la vulnerabilidad de las que peor lo están pasando".

"Un fracaso colectivo"

Asimismo, el Gobierno ha detectado casos de prostitución de menores en "muchas más chicas de hogares normalizados" que de las que están bajo su tutela, lo que revela "un fracaso colectivo" de toda la sociedad, lamentó la consejera.

En los dos últimos años la Policía Nacional ha desarticulado dos redes de prostitución en Gran Canaria y Lanzarote de mujeres y menores de edad, varias de ellas de centros de acogida. Además de otros casos sucedidos en Tenerife y Fuerteventura.

Valido pidió que no se "generalice" y no se "trate de vender una imagen de todo un sistema de protección que no corresponde con la realidad". "Esto puede ocurrir en un hogar nuestro y en un hogar normalizado", señaló la consejera. De hecho, alertó de que "esto no le está pasando sólo a una niña de un hogar, sino que está ocurriendo a chicas y chicos que viven con sus padres".

En este sentido, indicó que "en todas las investigaciones que se han producido en los últimos tiempos por casos similares eran muchas más las chicas de hogares normalizados" que las que residen en centros bajo responsabilidad de la Comunidad Autónoma. En uno de los casos incluso fue una madre, cuya hija no estaba en ningún centro, la que pidió ayuda ante sus sospechas y ello motivó una investigación.

Valido admitió que "todos los esfuerzos que se hagan" para erradicar este problema y proteger a los menores "son pocos" y reconoció que "todo es mejorable", al tiempo que insistió en que si ya de por sí los jóvenes están expuestos a "muchos peligros", los que están en centros son "especialmente vulnerables".

Dejó claro que "cada vez que pasa algo se revisan todos los protocolos y todos los centros vuelven a revisar todo, pero eso no significa que puedas impedir que en cualquier salida un adolescente haga algo no bueno." Igualmente, pidió que "no se señale a centros de protección, zonas ni menores de edad, sino que se señale a los que cometen el delito, a los que tratan de captarlas y a los que pagan para estar con una niña menor de edad. A esos es a los que hay que perseguir".

Los adolescentes que viven en hogares de acogida tutelados por el Ejecutivo regional no están encerrados bajo candado. Son jóvenes con historias dramáticas, relacionadas con abusos, maltratos o consumo de drogas. No han cometido ningún delito y residen en centros en régimen abierto. No están privados de libertad, "tienen derecho al ocio, a salir, tienen derecho a vivir", remarcó Valido, quien, no obstante, subrayó que en los centros hay "normas disciplinarias muy estrictas, bastante más que en muchos hogares familiares normales".

"Se refuerza la seguridad lo más que se puede, pero nosotros no podemos encerrarles", destacó. Así, reiteró que existe "muchísima vigilancia, con equipos que rotan las 24 horas". "Nuestros hogares nunca se quedan solos, mientras en otros casos hay muchos adolescentes que se quedan solos incluso un fin de semana completo", apostilló.

Asimismo, señaló que "los educadores normalmente conocen bastante bien a los chicos, detectan los cambios de comportamiento y son los que alertan y ayudan a que se abra la investigación y que se puedan producir las detenciones oportunas".

Por su parte, el viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil, criticó que "tenemos una cultura que ha sido condescendiente con los abusadores, históricamente". Abogó por mejorar la formación de los profesionales para detectar a tiempo estas situaciones en los centros, donde "se tienen que mejorar los controles" para alejarles de "gente sin escrúpulos".

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