03 de mayo de 2018
03.05.2018

Negrín pide un informe ante las dudas judiciales del contrato de informativos

Los representantes del PP y del PSOE en el Consejo Rector de la RTVC sostienen que el presidente no es el órgano competente para adjudicar el concurso público

03.05.2018 | 00:00
Negrín pide un informe ante las dudas judiciales del contrato de informativos

El presidente de RTVC, Santiago Negrín, informó ayer al Consejo Rector del ente público de la necesidad de contar con un informe que analice y aclare las dudas jurídicas que han surgido "en los últimos días" sobre sus competencias en el procedimiento de negociado sin publicidad del concurso de informativos a raíz de las opiniones expresadas por el magistrado del Juzgado número uno del contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

El juez ha advertido de las consecuencias penales y las responsabilidades civiles y económicas en caso de que se prosiga con el procedimiento al entender que el presidente de Televisión de Canarias no es el órgano competente -y sí el Consejo Rector que actúa como el máximo órgano de dirección de la RTVC- para la formalización del contrato.

Santiago Negrín trasladó estas incertidumbres legales ayer en una reunión del Consejo Rector de RTVC convocado el 26 de abril de acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.5 de los pliegos para la contratación, por procedimiento de negociado sin publicidad, por parte de la Televisión Pública de Canarias del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos.

Esta cláusula establece que el presidente de RTVC debe convocar de manera inmediata al Consejo Rector una vez se conozca la propuesta más ventajosa presentada para que, una vez se constituya en Junta General, se produzca un pronunciamiento sobre esta oferta.

Dicha propuesta fue conocida el miércoles 25 de abril. La empresa Videoreport Canarias, controlada por Canarias7, es la que obtuvo entonces la mejor puntuación frente a Liquid Media, sociedad de Mediapro. La sociedad Nuntium, formada por Prisa y Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico, quedó excluida por un defecto de forma en la documentación remitida.

Videoreport, la sociedad que ha obtenido la oferta más ventajosa para adjudicarse los 144 millones de euros del contrato para la prestación de los servicios informativos a la Televisión de Canarias, es la única de las que se presentaron al concurso y al negociado sin publicidad que ha planteado desde hace meses demandas, recursos y denuncias ante el tribunal de contratos administrativos de la comunidad autónoma, el contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para paralizar el procedimiento.

Cuanto menos resulta contradictorio que la intensa campaña informativa alentada desde Canarias7 desde hace meses para que desde las instancias judiciales y los partidos políticos de la oposición en el Parlamento se paralizara un concurso que entendían como manipulado, ilegal, y preparado para adjudicar a los supuestos medios "afines" al Gobierno de Clavijo cese ahora tras conocerse que la oferta de Videoreport es la "más ventajosa".

La empresa periodística que en aras de lo que entonces entendía como una defensa de la legalidad exigió la paralización del procedimiento ahora sostiene -tras conocerse la apertura de sobres con las ofertas- que todos los pasos dados por Negrín se ajustan a derecho.

Baja

El Consejo Rector al final no se pudo constituir ayer a causa de la baja de la secretaria del mismo, Cristina Duce, quien en una reunión celebrada el 27 de marzo advirtió a Santiago Negrín que el negociado sin publicidad que en aquel momento pretendía iniciar era "un fraude de ley".

El presidente de RTVC ha solicitado la designación de un funcionario de carrera que cumpla con los requisitos para la suplencia de la secretaria. A la espera de que esto se produzca, el Consejo Rector decidió reunirse de manera informal en Las Palmas de Gran Canaria para analizar la situación y "marcar posiciones".

En su exposición, el presidente de RTVC hizo una descripción de los hechos acontecidos desde la invitación a las empresas Videoreport Canarias, Nuntium TV y Liquidmedia al procedimiento de negociado sin publicidad para a continuación citar el auto del 9 de abril del juzgado número uno de lo contencioso-administrativo en el que se declara incompetente al presidente del ente para la aprobación del contrato del procedimiento abierto. Santiago Negrín defendió que contaba con variados informes jurídicos para seguir adelante con el procedimiento de negociado a pesar de dicho auto.

Sin embargo, Negrín advirtió también que el 11 de abril, y tras las constantes reclamaciones de Videoreport Canarias, hizo constar en acta en el acto público de apertura de sobres que la continuación del procedimiento de negociado se efectuaba ad cautelam. "Se pone en conocimiento de los licitadores que no se adoptará ninguna decisión sobre la adjudicación del contrato hasta que se confirme judicialmente que este órgano es competente para su tramitación", especifica en concreto en ese acta el presidente de Televisión de Canarias.

El día de la apertura de la oferta definitiva, el 25 de abril, casi al mismo tiempo que se celebraba el acto público, el titular del Juzgado número uno de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife mantenía una vista con los abogados de Videoreport Canarias y de Televisión de Canarias con el fin de esclarecer determinadas dudas surgidas en los diversos procedimientos judiciales ante ese propio juzgado. Es decir, tanto para el pronunciamiento sobre el concurso público declarado desierto como para el procedimiento de negociado que se sigue.

Precisamente, y así consta en la grabación de dicha vista, por parte del juez se alude a las posibles implicaciones penales por la continuidad del procedimiento. "Y lo que igualmente es relevante es la ratificación de su parecer en cuanto a la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, es más, se remite a una nueva resolución que hubiera de dictar donde ampliaría y especificaría sus razones", se especifica en la nota de la RTVC remitida ayer.

Santiago Negrín informó a los consejeros de que de forma contradictoria, "pero no por ello no esperable", la entidad Videoreport Canarias, el día 27 de abril desiste de la solicitud de medida cautelar suspensiva en relación con el procedimiento negociado de tal modo que todo aquello que resultaba nulo, ilegal e incompetente entendía ahora que no era causa determinante para suspender el procedimiento.

Ante este escenario, que Negrín calificó de paradójico, anunció que Televisión de Canarias presentará un escrito de oposición a dicho desistimiento con el fin de obtener un explícito pronunciamiento judicial sobre la cuestión que permita dar certidumbre y seguridad jurídica de cara a la adopción de las medidas que resulten pertinentes. Además, recordó que continúan abiertos diversos procedimientos judiciales con idéntico objeto.

Ante estas dudas legales sociedades afectadas por el proceder en el procedimiento para la adjudicación de los servicios informativos estudian la presentación de recursos o aclaraciones ante el órgano de contratación.

Negrín informó también al Consejo Rector de que se ha solicitado a Videoreport Canarias la documentación correspondiente tal y como establecen los pliegos de licitación, aunque insistió en que la continuación del procedimiento sigue realizándose ad cautelam dado que tuvo conocimiento posteriormente a la apertura del sobre 3 del contenido de la vista judicial celebrada en la mañana del 25 de abril en la que el juez trasladó las dudas sobre la responsabilidad penal en caso de proseguir con el proceso.

Por su parte, la representante del PSC en el Consejo Rector, María Lorenzo, insistió en que han sido constantes sus denuncias sobre este procedimiento y recordó que la secretaria del Consejo Rector ya había advertido que existía un fraude de ley.

María Lorenzo llamó también la atención sobre el hecho de que, si la adjudicación se lleva a cabo y es anulada por los tribunales, esto supondría el pago de indemnizaciones con cargo al erario público, sin contar ademas con que durante todo el procesi se podría haber incurrido en ilícitos penales o que los órganos que tomen decisiones -como el propio Consejo Rector- tendrían responsabilidades personales.

La consejera subrayó que, al tratarse de un asunto judicializado, se negaba a emitir informe sobre la propuesta más ventajosa surgida del procedimiento de negociado. Así, sentenció que rechazaba la validez de cualquier acuerdo adoptado en relación con el expediente de contratación del contrato de informativos.

El representante del PP, Alberto Padrón, indicó que según la ley de RTVC es el Consejo Rector el competente en la adjudicación de este concurso más allá de interpretaciones jurídicas y preguntó sobre la situación en la que se encuentra el Consejo Rector y su presidente al anunciarse que están en funciones.

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