07 de abril de 2018
07.04.2018

Pide asilo en la Isla un pistolero chavista involucrado en una masacre en Caracas

Richard Peñalver fue acusado de disparar a manifestantes durante el golpe de Estado en Venezuela de 2002 pero la justicia lo absolvió. Reside junto a su familia en Tenerife

07.04.2018 | 01:05
Peñalver (en primer término, con camisa blanca), dispara en el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002.

Richard Peñalver, un dirigente chavista que fue acusado de disparar a los manifestantes durante el golpe de Estado opositor de 2002 en Caracas y luego absuelto por la Justicia venezolana, ha iniciado los trámites en Tenerife para conseguir el asilo político en España. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales de la Policía Nacional a la opinión de tenerife, que añadieron que se ha abierto el correspondiente expediente, tal y como se hace en todas las peticiones de este tipo.

Peñalver fue acusado de protagonizar, junto a otros dirigentes chavistas, el conocido como Tiroteo de Puente Llaguno, un puente de Caracas desde el que, tal y como se vio en unas imágenes emitidas por el canal Venevisión, dispararon con pistolas. Según la acusación, lo hacían contra los que desfilaban por las calles de la capital venezolana pidiendo el derrocamiento de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. Como consecuencia de estos hechos durante aquella jornada del 11 de abril de 2002 murieron un total de 19 personas.

Un juez resolvió en primera instancia que los acusados, el propio Peñalver así como tres chavistas más, a quienes la oposición a Chávez apodó "los pistoleros de Puente Llaguno", no atacaron a los manifestantes sino que se estaban defendiendo de los disparos realizados por policías metropolitanos que se habrían unido a la intentona golpista opositora al chavismo.

La defensa alegó que las imágenes que sirvieron para su procesamiento, que dieron la vuelta al mundo y en las que aparece Peñalver disparando con una pistola con camisa blanca y pantalón azul, habrían sido manipuladas para justificar el golpe de Estado y bajo el puente no había ningún manifestante, sino que estas cuatro personas disparaban a policías que se habrían sumado al golpe de Estado. Una corte venezolana sentenció en 2009 a nueve policías con hasta 30 años de cárcel por violación a los derechos humanos durante estos sucesos que rodearon el breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez en 2002, convirtiéndolos en los primeros condenados por esos hechos.

Según la acusación, los funcionarios son responsables del asesinato de tres personas y de las lesiones de otras 29 en Puente Llaguno, situado en la avenida Urdaneta de la capital venezolana, adyacente al Palacio de Gobierno en Caracas, el 11 de abril del 2002, durante una masiva manifestación opositora.

Durante aquel levantamiento contra el gobierno de Chávez, que había sido elegido en las urnas en 1999, el presidente fue trasladado a un centro militar en la isla de La Orchila, donde según la oposición había renunciado a su cargo. Mientras, Pedro Carmona, responsable entonces de Fedecámaras (la cámara de comercio de Venezuela), fue nombrado presidente apenas dos días después de la insurrección.

Sin embargo, el golpe de Estado de la oposición iba a durar muy poco. El 14 de abril, tras una movilización de los venezolanos, el chavismo recuperaba el poder. Ese día, Chávez fue liberado y repuesto. Carmona huyó del país.

Durante y después de estos hechos, Richard Peñalver fue concejal en Caracas. En 2011 fue tiroteado y herido de bala en un pie. El chavismo lo había declarado "héroe de la patria" y llegó incluso condecorarlo. La oposición ha seguido llamándolo matón y exigiendo su procesamiento.

Se desconocen las razones exactas por las que que Peñalver ha pedido asilo en España. Solo se sabe que reside actualmente con su familia en el norte de Tenerife, que la solicitud se supo hace tres días a través de medios de comunicación de Venezuela y que quien lo descubrió en la Isla es un abogado de origen venezolano y residente en la Isla llamado José Antonio Carrero, quien confirmó este hecho ayer a este diario. Carrero está especializado en inmigración y, de hecho, lleva los asuntos de venezolanos que han venido a Tenerife y que quieren regularizar su situación en Canarias.

Carrero reconoció a Richard Peñalver en una comisaría de la Policía en la Isla cuando este resolvía la documentación para pedir el asilo político en España. El abogado recordó que Peñalver sigue perseguido por la justicia en Venezuela y manifestó su rotundo rechazo a que España le dé el asilo todas las medidas aparejadas. "La sola admisión a trámite de esta solicitud desvirtúa la naturaleza del Derecho humanitario internacional y al mismo tiempo representa un riesgo para la seguridad de España", dijo Carrero a El País.

Este último diario apunta en su versión digital que después de que la noticia apareciera en medios de Venezuela desde hace tres días, Peñalver ha borrado su cuenta de Twitter, en la que se vanagloriaba de sus acciones. "Salvé la vida de miles de Venezolanos el 11 de abril de 2002", decía. La Oficinas de Asilo tiene un mes para decidir si admite a trámite esta solicitud. En el caso de que lo hiciera, sería el Ministerio del Interior el que tendría que resolver, en seis meses, la aceptación o no de la petición de Peñalver.

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