07 de abril de 2018
07.04.2018

El Fiscal pide diez años de cárcel para el juez Alba por maniobrar contra Rosell

El ministerio público ve indicios de delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos con el propósito de perjudicar a su colega

06.04.2018 | 23:46

El juez Salvador Alba, movido por un "ánimo espurio", maniobró durante ocho meses -entre octubre de 2015 y mayo de 2016- para perjudicar profesionalmente a la magistrada Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos en el Congreso. El ejercicio "arbitrario del poder que le confiere su condición como juez", el "mercadeo" para hacerse con documentación en la que basar sus propósitos y las "afirmaciones inveraces que realizó" ante otra instancia judicial justifican, a juicio de la Fiscalía, la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación por los delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos en la causa que se instruye contra Alba en la Sala de lo Penal.

La Fiscalía sigue la línea marcada por la magistrada instructora, Margarita Varona, en el auto de apertura de procedimiento abreviado -previo a la apertura de juicio oral- , y se une a las solicitudes de la acusación particular (Victoria Rosell), y de las acciones populares impulsadas por Podemos y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. Una y otra parte reclaman 13 y 12 años de prisión, respectivamente.

Jueces procesados, condenados y apartados de la carrera profesional no son multitud en España aunque los ejemplos sí son notables: Baltasar Garzón, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012 acusado de prevaricación durante la instrucción del caso Gürtel; Elpidio Silva fue condenado por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual en la causa abierta al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; en 2006 el Tribunal Supremo condenó por cohecho, prevaricación y detención ilegal al ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis Pascual Estevill, implicado en un trama de extorsión a empresarios catalanes.

En el caso de Alba, según se recoge en su escrito, Garrido considera que el juez manipuló una instrucción penal que había iniciado Rosell por un delito fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez en una de sus empresas, Seguridad Integral Canaria (actualmente en proceso de concursal ), con el propósito de "recopilar material" que le sirviera "para perjudicar" a su compañera.

Para "conseguir su ilegal propósito", señala el fiscal, "tuvo que realizar una pluralidad de acciones arbitrarias e ilícitas". Primero "ejerció arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez" y luego "mercadeó" con el empresario para obtener una documentación que acreditarse alguna relación mercantil entre el investigado Miguel Ángel Ramírez y la pareja de Rosell llegando al punto de prometerle "cargarse" el procedimiento contra el empresario por fraude millonario contra Hacienda y la Seguridad Social en el pago a sus trabajadores.

Lo hizo, según la Fiscalía, después de haber solicitado como magistrado sustituir de forma voluntaria el puesto que la juez había dejado vacante con su excedencia para concurrir a las elecciones de diciembre de 2015.

El "acuerdo corrupto" entre Alba y Ramírez, señala Garrido en su escrito, tuvo lugar mientras el Tribunal Supremo deliberaba sobre si admitía o no a trámite una querella promovida contra Victoria Rosell por el entonces ministro y presidente del PP canario José Manuel Soria, que la acusaba de haber retrasado de forma maliciosa la acusación contra el empresario debido a negocios compartidos con Carlos Sosa Báez.

Esas pruebas supondrían, a tenor del relato de la Fiscalía de Canarias del TSJC, "el impulso definitivo de la querella" en el Supremo y, como compensación al empresario, el archivo de su causa.

Ese "acuerdo corrupto" se produjo en una reunión que Alba y Ramírez mantuvieron en el despacho del primero en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria concertada "al margen de lo previsto" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la que el juez le habría realizado indicaciones de qué y sobre qué declarar cuando lo citase formalmente en la instrucción del fraude fiscal.

Ahí, entiende la Fiscalía, se "concertó la entrega de una documentación que aflorase una relación de prestación de servicios" entre Sosa y alguna empresa de Ramírez. Este hizo lo pactado y de esa manera Alba introdujo "en el objeto procesal los delatores contratos mercantiles y el reconocimiento del empresario investigado de la existencia de una relación mercantil con la pareja" de la juez Rosell.

Sin embargo, el empresario había grabado a escondidas la conversación mantenida con Salvador Alba en esa reunión y, en cuanto este dejó su Juzgado, la puso a disposición de la Justicia. .

El 3 de mayo, según el mismo relato de la Fiscalía, Salvador Alba cesó en el Juzgado de Instrucción número ocho de Las Palmas de Gran Canaria sin dictar el archivo o sobreseimiento de la causa contra Ramírez; nueve días después el adinistrador de Seguridad Integral aportó a su procedimiento penal un pen drive con la grabación de la reunión mantenida con el juez en su despacho el 16 de marzo de 2016.

A juicio de la Fiscalía, esos hechos constituyen un delito de prevaricación judicial y otro de cohecho.

Los otros dos cargos se refieren a lo que ocurrió después de que Ramírez testificara: Alba, dice el fiscal, envío la grabación de la declaración del empresario a un periodista madrileño -Fernando Lázaro publicó la información en El Mundo - buscando causar un "perjuicio profesional para Rosell" - lo que supondría revelación de secretos-, y remitió al Tribunal Supremo informes falsos sobre cuál había sido el desempeño de esta en la instrucción fiscal - cometiendo falsedad-.

En concreto, la Fiscalía cree que el juez Alba envío al Supremo un informe -que a la postre sirvió de apoyo para que el Alto Tribunal admitiera la querella de Soria contra Victoria Rosell, ya archivada- salpicado de "afirmaciones inexactas, mendaces e inveraces", que además "omitía datos procesales clave".

A su juicio, Alba "deformó a su conveniencia" su relato al Supremo, ocultó a este "el pacto clandestino" al que había llegado con Ramírez e hizo creer al Tribunal que este le había proporcionado datos reveladores sobre Victoria Rosell de forma "espontánea".

Con ese informe sobre la mesa, la Sala de lo Penal del Supremo decidió investigar a la juez Rosell, que en ese momento renunció a su cargo como diputada y puso fin a su carrera política.

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