11 de enero de 2018
11.01.2018

Podemos registra enmiendas al Estatuto para blindar el medio ambiente

Meri Pita critica la amenaza que supone la "excesiva dependencia" del sector servicios

10.01.2018 | 23:24

Podemos, en sus enmiendas al Estatuto de Autonomía cuyo debate está previsto que se inicie próximamente en el Congreso de los Diputados, ha optado por una "defensa férrea" del medio ambiente y la "excepcional biodiversidad" del Archipiélago. Para la formación morada esta cualidad queda probada por el hecho de que Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de espacio protegido al tener bajo esta figura en torno al 40% de su territorio.

La diputada Meri Pita expone en una nota la amenaza que supone "la excesiva dependencia de la economía canaria del sector servicios y la irresponsabilidad de sus dirigentes políticos, que han decidido optar por explotar recursos contaminantes como el gas, cuando el Archipiélago posee unas condiciones óptimas para el desarrollo de energías renovables".

La formación morada considera necesario, por ello, enmendar el artículo 1 del Estatuto de Autonomía, para que entre las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio y protección del medio ambiente se recojan "como tarea suprema la defensa de los intereses canarios, de su identidad cultural, y de su patrimonio natural y biodiversidad", así como la solidaridad "entre todos cuantos integran el pueblo canario" por medio del "desarrollo sostenible y equilibrado de las islas".

En su enmienda al artículo 25, Podemos propone que se establezca que "los poderes públicos canarios garanticen la defensa y protección de la naturaleza, el medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad, tanto en espacios terrestres como marinos". En este sentido, sugiere que las políticas públicas ponderen "de manera irrevocable" la cohesión territorial y estratégica de los recursos naturales del archipiélago con los principios que rigen el desarrollo sostenible, comprometiéndose a que la evolución gire en torno a objetivos prioritarios como "alcanzar mayores cotas de soberanía energética y alimentaria, evitando la especulación urbanística sobre el territorio".

Otro apartado clave es la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la legislación básica, que los órganos de contratación del sector público canario incorporarían obligatoriamente para proteger el patrimonio natural de las Islas.

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