03 de enero de 2018
03.01.2018

Vladimir Kokorev, intermediario en la compra de armas para Obiang

Un informe policial afirma que el hispanorruso pagó comisiones al Ejecutivo ecuatoguineano y la defensa niega las acusaciones

03.01.2018 | 00:33
Vladimir Kokorev, intermediario en la compra de armas para Obiang

Un informe de la Policía Judicial de Canarias señala a Vladimir Kokorev, en prisión preventiva desde hace dos años y cuatro meses, como supuesto intermediario en la compra de material de guerra para el Gobierno de Guinea Ecuatorial, en manos de Teodoro Obiang desde 1979. El documento que analiza la información extraída de los ordenadores intervenidos por la Policía en los domicilios de Madrid y Canarias de la familia hispanorrusa, acusada de actuar como testaferro del presidente ecuatoguineano, apunta a que Vladimir Kokorev fue quien presuntamente pagó comisiones a políticos y asesores de los ejecutivos de Guinea Ecuatorial y de Ucrania, país donde se compró varios helicópteros de combate preparados para disparar misiles y bombas de fragmentación.

La defensa de la familia de los Kokorev niega tales afirmaciones y muestra su repulsa por la rápida filtración del informe -fechado el 13 de noviembre-, ya que todavía está siendo estudiado por su parte dada la extensión del mismo y porque su difusión, "que afecta gravemente a la reputación del investigado", se ha hecho cuando aún está pendiente de resolución un recurso de apelación sobre la libertad de Vladimir Kokorev.

Uno de los abogados de la familia hispanorrusa, Antonio José García, sostiene que los hechos que recoge el informe, publicados por el periódico El País, no son ciertos y serán analizados por la defensa para aportar las pruebas que los desmonten. García explica que los ordenadores de los Kokorev llevan más de dos años en poder de la Policía, un tiempo durante el que han solicitado en reiteradas ocasiones acceder a la integridad del contenido sin éxito.

Una información confidencial

El letrado apunta a que la juez instructora siempre ha denegado esta petición y que no fue hasta septiembre del pasado año cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas acordó que todo el contenido de los ordenadores se entregue a la defensa. García expone que esa información, "que debería ser confidencial", aún la están recibiendo, por lo que lamenta que el informe, que será objeto de investigación, se haya hecho público sin permitir a la defensa replicar.

El único delito por el que Vladimir Kokorev podría ser condenado es el de blanqueo de capitales, según explica García. La pena máxima contemplada para dicho delito es de seis años, de los que dos años y cuatro meses ya lleva en prisión preventiva "sin que se espere, como reconoce la propia juez en su auto, un juicio inmediato". Al patriarca de los Kokorev se le denegó en varias resoluciones la libertad sin fianza. Posteriormente se le impuso dos millones y luego se rebajó esa cantidad hasta los 600.000 euros. Sin embargo, Vladimir continúa en prisión al no poder saldar ese montante con sus propios bienes. Su esposa, Yulia Maleeva, quedó en libertad provisional en septiembre y su hijo Igor un mes después.

Entre los documentos analizados por la Policía, se encuentra una supuesta transcripción de una conversación de Vladimir Kokorev con Obiang en 2003 sobre la compra de los helicópteros de combate. "Negamos que esa conversación exista y que esté en el interior de los ordenadores", subraya García.

La Fiscalía Anticorrupción ordenó en 2005 y 2007 archivar el caso Kokorev y el servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España dio por acreditada la actividad de la empresa Kalunga Company, propiedad de los Kokorev. Sin embargo, una querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que denuncia "un asunto de corrupción masiva y desviación de fondos públicos" reactivó el caso.

El letrado señala que la querella se hizo contra Obiang y responsables de su Gobierno, una línea de investigación que "desapareció completamente" ya que en la actualidad las pesquisas solo se centran en los Kokorev. Ante esta realidad, la defensa rechaza las acusaciones del pago de comisiones por parte de la familia hispanorrusa a miembros del Ejecutivo ecuatoguineano, tal y como recoge el informe. En ese documento, la Policía sostiene que varios archivos apuntan al abono de comisiones que dieron como resultado un aumento en el número de contratos logrados por Kalunga.

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