Pleno del Parlamento La gestión de las aguas residuales acapara el debate político

Siete de cada diez vertidos al mar censados en Canarias son ilegales

El 71% de los derrames registrados en Gran Canaria y el 61% de los de Tenerife carecen de autorización

14.09.2017 | 01:13
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en el pleno del Parlamento.

El buque ´Cheshire´ llega a Granada

  • El buque británico MV Cheshire, que se incendió el 12 de agosto a 60 millas de Canarias, llegó ayer al Puerto de Motril (Granada) para descargar su mercancía y ser reparado. El carguero transportaba en el momento del incidente 42.654 toneladas de abono con base de nitrato de amonio, lo que generó una fuerte alarma en las Islas por la toxicidad de la columna de humo que desprendía. El Parlamento canario debatió ayer acerca del siniestro. Mientras CC-PNC alegó que se actuó "de manera ejemplar", la oposición reprochó la inoperancia del Ejecutivo autonómico y su falta de coordinación con el Estado. La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, defendió la activación de manera preventiva del Plan de Protección por Contaminación Marina (Pecmar) el 30 de agosto ante la falta de información por la Delegación del Gobierno y Capitanía Marítima sobre el estado del barco, posibles vertidos, si tenía daños estructurales y la composición exacta del fertilizante, entre otros datos solicitados. NC instó a CC que explique por qué el presidente, Fernando Clavijo, dijo que el barco se hundió y opinó que el Ejecutivo actuó "tarde y mal". El PSOE criticó que se activó el Pecmar cuando ya no había riesgo de contaminación, algo en lo que coincidió el PP, que alabó la labor de Capitanía. Podemos describió el Cheshire como una "gigantesca bomba flotante" y lamentó que "hemos estado en manos del azar". H. M.

Siete de cada diez vertidos al mar censados en Canarias son ilegales. Las costas de las Islas registran 355 emisiones de aguas sucias, de los que sólo 109 (el 31%) cuentan con la preceptiva autorización, mientras que 246 carecen de ella (69%). La contaminación de las costas canarias enfangó ayer el debate en el Parlamento, donde la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, presentó un avance del censo de vertidos con los últimos datos anotados el martes. La oposición exigió que, más allá de una lista de derrames, el Gobierno ponga en marcha un plan para erradicar los vertidos incontrolados y fije una ficha financiera suficiente en los próximos presupuestos autonómicos para solventar esta problemática, con el objetivo de proteger el medioambiente y la salud de los ciudadanos.

Actualmente hay 109 autorizaciones de vertidos al mar en las Islas y, en estos momentos, se están tramitando en la Viceconsejería de Medio Ambiente 90 expedientes de autorización. De ellos, 44 están pendientes de que el solicitante (ayuntamientos, cabildos u otras entidades) aporten la documentación necesaria o requerida; 30 están a la espera de la preceptiva concesión de ocupación del dominio marítimo terrestre por parte del Ministerio; 14 están en una fase inicial de estudio de la solicitud y dos en fase de información pública.

Respecto a los 246 vertidos no autorizados, 71 están en proceso de tramitación del permiso y doce tienen su licencia ya vencida.

Vigilancia y control

En Canarias no se otorgan autorizaciones de vertidos al mar sin que se exija en la misma el correspondiente tratamiento de depuración, explicó Barreto. Todos los vertidos autorizados están obligados a disponer de un plan de vigilancia y control. La única garantía de que se está aplicando el tratamiento correcto en la depuración de las aguas es que el Gobierno regional otorgue la autorización.

Además, el Ejecutivo trabaja para simplificar el procedimiento de obtención de los permisos.

Por islas, Tenerife registra más vertidos, 146, de los que 89 (61%) no tienen autorización. El porcentaje se eleva al 71% en el caso de Gran Canaria, donde se contabilizan 109 vertidos, 77 de ellos sin permiso. A continuación se sitúa Lanzarote, con 33 emisiones, un 82% sin autorización (27). En Fuerteventura cuenta con 35 vertidos, 27 sin autorización (77%). En La Palma hay 17 censados, un 82% sin control. En La Gomera sólo tres de los nueve vertidos examinados tiene autorización. En El Hierro ninguno de los seis vertidos censados es de aguas residuales urbanas, según la radiografía provisional. El documento definitivo estará finalizado en noviembre.

Precisamente, ayer el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso (CC), alegó que la corporación insular dice "la verdad" sobre el vertido de aguas sin depurar al mar, frente a "otros que siguen empeñados en no ver la realidad", en referencia al Cabildo de Gran Canaria. De hecho, CC exigió ayer que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, dependiente del Cabildo, certifique por escrito la afirmación de su presidente, Antonio Morales (NC), de que el 99% del agua residual vertida al mar está depurada y cumple con los permisos exigidos.

Para que los vertidos no contaminen son necesarias actuaciones de saneamiento y depuración, remarcó Barreto, que destacó los 302,7 millones que ayuntamientos y cabildos invertirán a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en saneamiento, obras hidráulicas y depuradoras. Es más, abrió la puerta a que "se puede modificar" ese fondo para "invertir más dinero" en esta materia.

NC criticó las escasas inversiones para solventar este conflicto y advirtió que el consumo de agua se ha multiplicado por 2,5 en los últimos años, al aumentar la población residente y la llegada de turistas más de un 50%. Por lo que ve necesario redefinir una estrategia de inversiones y potenciar la colaboración interadministrativa, en lo que coincidieron ASG y Podemos. El PP reprobó la "nefasta" gestión del Ejecutivo regional y el PSOE propuso elaborar "una lista negra pública para que la gente sepa quién contamina".

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