Antonio Díaz: "No soy ningún delincuente y lo voy a demostrar"

El exalcalde de Santa Brígida recurre al TS la condena de cárcel que dictó la Audiencia

20.04.2017 | 01:21

El exalcalde de Santa Brígida Antonio Díaz recurrirá a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que lo ha condenado a cinco años de prisión por los delitos de falsedad de documento oficial y de prevaricación administrativa. En la sentencia se absuelve a los otros dos procesados: el exedil de Urbanismo y exvicepresidente del Cabildo Carlos Sánchez (PP) y el abogado municipal Adolfo Llamas.

El fiscal Miguel Pallarés pidió en el juicio 16 años y seis meses de cárcel para Díaz Hernández, dos años para el abogado Llamas Sánchez y nueve meses para Sánchez Ojeda, que estaban acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial.

Díaz aseguró ayer a este periódico que recurrirá la sentencia: "No tiene ni pies ni cabeza. Yo no soy ningún delincuente y lo voy a demostrar. Como alcalde me pude equivocar, pero siempre sin mala fe, de forma involuntaria, pero lo que es evidente es que nunca cometí un delito cuando estuve al frente de la Corporación".

El fiscal señaló que Adolfo Llamas, aprovechando la amistad con Antonio Díaz, había prestado servicios como asesor jurídico en la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento entre los 2002 y 2007 "sin que exista procedimiento administrativo de selección ni expediente de contratación", por lo que cobró 251.106 euros por cinco años. En 2002 el alcalde era el fallecido Carmelo Vega, mientras que Díaz era teniente de alcalde.

Díaz señaló: "Ni siquiera contraté yo los servicios jurídicos de Adolfo Llamas para el Ayuntamiento. Lo contrató Manuel Galindo cuando fue alcalde, luego Carmelo Vega le renovó el poder y cuando yo llegué a la Alcaldía hice exactamente lo mismo".

El Ministerio Público afirma que Llamas, "habría percibido del Ayuntamiento, por gestión de nóminas y personal, 4.185 euros mensuales, muy por encima de los 1.890 euros que se había comprometido a cobrar por este servicio mediante pacto verbal" entre él y Vega. Llamas tambien actuó como letrado defensor de la Corporación satauteña de 2002 a 2010, "también sin procedimiento de selección, constando acuerdo entre las partes para cobrar 1.000 euros por causa, si bien se embolsó 334.120 euros", sostuvo el fiscal.

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