20 de marzo de 2017

El exalcalde de Yaiza acepta seis años de cárcel tras confesar que fue sobornado

La Fiscalía ha informado esta mañana a la Audiencia de Las Palmas del acuerdo cerrado con las defensas de los procesados que reconocen su culpabilidad en la trama de corrupción urbanística denominada "caso Yate"

20.03.2017 | 12:07

El exalcalde de Yaiza (Lanzarote) José Francisco Reyes aceptará una condena de seis años de cárcel por las licencias ilegales de construcción que concedió sistemáticamente en su municipio entre los años 1998 y 2007, tras confesar ante el tribunal que recibió sobornos a cambio de ello.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias ha informado esta mañana a la Audiencia de Las Palmas del acuerdo que el Ministerio Público y la acusación popular, ejercida por la asociación Transparencia Urbanística, han cerrado con las defensas de los procesados que reconocen su culpabilidad en la trama de corrupción urbanística denominada "caso Yate" (nueve de los once).

Reyes ya había presentado hace días un escrito ante la Audiencia Provincial en el que reconocía formalmente que recibió hasta 300.000 euros en sobornos de varios empresarios para autorizar varias de las licencias que la Fiscalía cuestiona en este procesos, que incluyen una veintena de hoteles en Playa Blanca, el puerto deportivo de Marina Rubicón y otras construcciones en el sur de Lanzarote.

Las dos acusaciones han aprovechado el trámite de cuestiones previas para comunicar al tribunal que modifican sus solicitudes de condena, de forma que reconocen a los nueve "arrepentidos" el beneficio de tres atenuantes: dilaciones indebidas por dos años de paralización de la causa, confesión y reparación del daño.

En el caso de Reyes, que ya tiene otras condenas anteriores por corrupción urbanística, este acuerdo le permite reducir a seis años la pena cárcel a la que se exponía, que podía llegar hasta 30 años por delitos de prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, malversación, blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades públicas.

El Ministerio Fiscal dirigía también cargos por blanqueo de capitales contra su esposa, Antonia Rafaela Torres Perdomo, y para tres de sus hijos, María Beatriz, María Noelia y José Francisco Abel Torres Perdomo, como autores de un delito de blanqueo de capitales, por haber actuado como testaferros de las operaciones.

El acuerdo pactado por acusaciones y defensas reduce de cinco años a cinco meses y medio de prisión su petición de condena.

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