Cabildos y grandes ciudades aprobarán sus planeamientos sin más fiscalización

PP y Grupo Mixto garantizan que la iniciativa de CC saldrá adelante en el Parlamento

17.03.2017 | 05:40
Cabildos y grandes ciudades aprobarán sus planeamientos sin más fiscalización

Un órgano autonómico que sustituirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se encargará de velar por que los planes territoriales respeten los preceptos medioambientales. Se contemplará de este modo en la nueva Ley del Suelo, que, sin embargo, permitirá a los cabildos y a los cuatro municipios canarios de más de cien mil habitantes (las dos capitales, Telde y La Laguna) crear un órgano equivalente facultado para abordar dicho trámite sin tener que someterse a la fiscalización del órgano regional.

Así lo anunció ayer el portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento regional, José Miguel Ruano (CC), al término de la quinta reunión de la ponencia que estudia el proyecto de la nueva norma que regirá para la elaboración de los planes de ordenación insulares y municipales; una mesa en la que tratan de limarse diferencias antes de abordar la aprobación definitiva del texto en la Cámara regional. Dicha libertad de acción para las siete islas y las cuatro grandes ciudades es facultativa. Es decir, las once administraciones afectadas podrán optar por esta vía o dejar las competencias en manos del Gobierno de Canarias mediante la firma de un convenio bilateral. Si optan por esta vía, será la nueva Cotmac la que proceda a la evaluación.

La enmienda que lo recoge fue presentada por los nacionalistas y saldrá adelante porque Partido Popular (PP) y Grupo Mixto (Agrupación Socialista Gomera) la apoyaron, con lo que en el pleno sumará 31 apoyos, mayoría absoluta. Según Ruano, en el encuentro reinó el "respeto mutuo" por encima de las discrepancias y estas no escasearon teniendo en cuenta que socialistas, Podemos y Nueva Canarias (NC) mostraron su rechazo a la iniciativa. El portavoz parlamentario de la última de estas tres formaciones, Román Rodríguez, la calificó como "insuficiente".

Los nacionalistas de izquierdas mantienen la exigencia de que sea el órgano que sustituirá a la Cotmac el que apruebe la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenación de las siete islas y los 88 municipios sin excepción. Coinciden en ello con PSOE y Podemos. Los tres grupos mantienen la tesis de que esa es una competencia de la comunidad y es en el ámbito regional donde debe mantenerse como garantía para preservar los intereses medioambientales en todo el territorio canario.

Cambio de rumbo

Mientras, José Miguel Ruano explicó que la "enmienda es producto del acuerdo alcanzado con el PSOE en la adenda de noviembre", cuando ambas formaciones se reunieron para salvar in extremis el pacto de gobierno que mantenían y que terminó por quebrarse la víspera de Nochebuena. De ese modo, el portavoz nacionalista aludió al cambio de postura de sus exsocios, que habrían adoptado una posición de máximos tras su expulsión del Ejecutivo. El pasado verano, tras emitir el Consejo Consultivo su dictamen sobre el anteproyecto de esta ley, se produjo uno de los primeros encontronazos serios entre ambas formaciones.

Por otro lado, Podemos advirtió de que entre las enmiendas aprobadas se incluyen algunas que permitirán instalar industrias en suelo agrícola, ganadero o forestal, lo que a su vez permitirá que sean reutilizadas para un uso turístico alojativo. En un comunicado, las ponentes de la formación morada, Natividad Arnáiz y Concepción Monzón, reconocieron que ha mejorado la redacción original, pero no lo suficiente como para desterrar el riesgo de que puedan utilizarse en un futuro para albergar planta alojativa instalaciones agroindustriales levantadas en suelo destinado al cultivo.

A su juicio, esto pone en riesgo la actividad agrícola y ganadera, ya que la presión turística actual para crear nuevas camas incrementará el precio del suelo rústico, y finalmente las producciones agrícolas o ganaderas serían una excusa para la explotación turística.

Además, Podemos considera que las actividades agroindustriales en suelo de protección agraria sólo pueden caber para transformación artesanal como actividad complementaria, limitando su superficie, y el resto deben estar ubicadas en suelo industrial. El uso turístico en suelo de protección agrario pone en peligro las producciones agrarias y agrava la situación de escaso autoabastecimiento en Canarias, añadieron Arnáiz y Monzón.

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