26 de febrero de 2017
26.02.2017

Europa solicita explicaciones por la prisión de la familia Kokorev

Dos eurodiputados reclaman al Poder Judicial información por la reclusión de un matrimonio ruso y su hijo como testaferros de Obiang

26.02.2017 | 03:23
Europa solicita explicaciones por la prisión de la familia Kokorev

Tres miembros de la familia hispano-rusa Kokorev permanecen encarcelados en Gran Canaria por ejercer supuestamente de testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, con quien tenían negocios. La demora en la resolución del caso y la permanencia de los tres acusados en prisión durante casi un año y medio sin conocer el sumario de la causa ha llegado al Parlamento Europeo, que ha expresado su inquietud al respecto. Dos eurodiputados han enviado una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reclamar información sobre este proceso y advierten de "las violaciones flagrantes de normas del Derecho Internacional, además de las propias leyes de España".

Los eurodiputados Jean-Luc Schaffhauser (Francia) y Georgios Epitideios (Grecia) se han dirigido al órgano de gobierno de los jueces para esclarecer la situación de los ciudadanos españoles Vladimir Kokorev, su esposa Julia Kokoreva y su hijo Igor, recluidos en el centro penitenciario de Juan Grande, al Sur de Gran Canaria. Fueron detenidos en septiembre de 2015 por la Interpol en el aeropuerto de Panamá, conforme a una orden internacional del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria, que les acusa de blanqueo de capitales a través de empresas pantalla en beneficio de Obiang.

Los Kokorev desconocen los hechos que sustentan dichas imputaciones. La defensa cuestiona la prórroga continuada del secreto de sumario y reivindica que se suspenda la prisión provisional sin fianza para sus clientes.

Después de un año y medio todavía no han sido acusados, apuntan en su misiva los parlamentarios, que alertan del grave estado de salud de Vladimir Kokorev.

Tras su arresto, la familia fue trasladada en un principio a la cárcel de La Joya, en Panamá, donde Vladimir, que sufre problemas cardíacos, fue víctima de un ataque isquémico transitorio. El tribunal panameño optó por otra pena y liberó a los Kokorev bajo fianza. En octubre de 2015, la familia fue extraditada a España.

Tras una breve estancia en la prisión de Soto del Real, en Madrid, fueron trasladados a Gran Canaria, donde están incomunicados entre sí y en distintos módulos. La magistrada Ana Isabel de Vega, titular del juzgado, ha denegado su libertad bajo fianza y sus resoluciones han sido secundadas por la Audiencia Provincial, que ha desestimado los recursos de la defensa.

Los eurodiputados entienden que los Kokorev ven "todos sus derechos" vulnerados, ya que desde septiembre de 2015 la Justicia no sólo les mantiene acusados, sino que no ha aportado "pruebas de su culpabilidad", lo que genera indefensión jurídica para los detenidos.

Violación de derechos

Schaffhauser y Epitideios sostienen que, al no aparecer durante el cautiverio de los Kokorev indicios de su culpabilidad, "se está violando el derecho de los detenidos a su propia defensa", que en estas condiciones resulta "imposible".

Ambos señalan que la negativa a emitir información sobre los principales cargos que se les imputan va en contra de la Constitución española, y más concretamente plantean la violación del principio de legalidad, de derecho a la defensa efectiva y el derecho a la libertad.

Estiman que la Justicia española ignora la directiva europea sobre el derecho a la información como parte de un proceso penal y las normas del Código Penal en España, que recogen "claramente la obligación" de los órganos judiciales y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley de informar a los acusados y a sus abogados de los cargos. No obstante, el expediente se mantiene bajo secreto.

Los eurodiputados francés y griego reconocen en su carta que "es difícil no estar de acuerdo con la opinión de la defensa, que afirma que el caso está bajo secreto para ocultar la falta de pruebas contra los Kokorev". "Hace pensar que se trata de un caso político y posiblemente están detrás del mismo los intereses particulares de alguien. De lo contrario es imposible explicar las evidentes y flagrantes violaciones de las normas del Derecho Internacional y de las leyes de España", añaden en su escrito, fechado el 23 de enero. Asimismo, señalan que los abogados han presentado pruebas sobre la legalidad de todos los contratos suscritos por las empresas de los Kokorev.

En su misiva, los parlamentarios advierten de los "graves problemas de salud" de Vladimir Kokorev y avisan de que "su detención en una prisión sin personal médico cualificado es de una crueldad inexplicable y podría tener consecuencias irremediables".

Inciden en el quebranto de varias disposiciones de la directiva europea y fundamentan su petición de información al CGPJ en diversos artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Por su parte, el cónsul honorario de Rusia en Canarias, Gonzalo Parada, espera y desea que la carta del Parlamento Europeo "sirva de algo, sobre todo por la salud" del matrimonio, a quienes visita tres veces al mes, al igual que a su hijo, desde marzo del pasado año, dentro de sus funciones consulares.

"Salgo muy mal cuando voy a visitarles, intento darles ánimos y les digo que no deben rendirse", aseguró Parada, que avisó del empeoramiento de la salud de Vladimir Kokorev, quien le traslada que "mentalmente lo soporta, pero físicamente lo está pasando peor". Ha sufrido dos ictus, un infarto y tiene una continua subida de tensión.

Al cónsul le consta que los servicios médicos están muy pendientes de él, pero "la situación propia de estar entre rejas sin saber de qué se les acusa es una tortura, no saben absolutamente nada".

La embajada rusa en España está "puntualmente informada" de la situación de esta familia y ha expresado también su preocupación sobre este asunto.

Parada, que mantiene la diplomacia que exige su cargo, evita pronunciarse acerca de la actuación judicial. Si bien, tras "conocer y vivir" de cerca el caso de los Kokorev, opina que, "en general, la prisión preventiva debería aplicarse en circunstancias muy excepcionales, de peligrosidad social, no para temas económicos".

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