19 de enero de 2017
19.01.2017

Greenpeace recurre ante el Constitucional el archivo de su denuncia contra la Armada

Los activistas piden amparo por las embestidas contra sus lanchas en las prospecciones de 2014

19.01.2017 | 00:18

Greenpeace ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar su denuncia contra los miembros de la Armada que embistieron a la lancha con la que sus activistas intentaban protestar contra las prospecciones petrolíferas en Canarias. Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2014, cuando dos embarcaciones rápidas del Ejército interceptaron a unas barcas de Greenpeace que pretendían acercarse al buque perforador contratado por Repsol para buscar hidrocarburos a unos 60 kilómetros al este de Lanzarote, en un incidente que acabó con tres personas heridas.

Los activistas de Greenpeace que participaron en esa protesta se vieron señalados por cargos de piratería porque vulneraron el perímetro de exclusión decretado por el Ministerio de Fomento alrededor del buque de las prospecciones. La Audiencia Nacional consideró que no había pruebas ni para procesar a los militares que interceptaron a los ecologistas, ni para inculpar a los miembros de Greenpeace por piratería, por lo que decretó el archivo de todas las diligencias.

Greenpeace explica que ya ha agotado todos los recursos ordinarios contra esa decisión de la Audiencia, por lo que ha decidido acudir al TC para reclamar que se protejan los derechos fundamentales de sus activistas. En este procedimiento, la organización ecologista presentó como prueba dos vídeos que mostraban cómo abordaron las embarcaciones de la Armada a sus lanchas para cortarles el paso.

"La violencia incomprensible de la embestida quedó reflejada en unas impactantes imágenes de vídeo, que demuestran la desproporcionalidad de la actuación. Tanto las imágenes tomadas desde el buque Rowan Renaissance de Repsol como desde la embarcación de Greenpeace, son de contenido sensible", opina la ONG.

Por ello, Greenpeace confía en que el TC "ampare el derecho de manifestación pacífica y libertad de expresión absolutamente necesario en una sociedad democrática".

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