03 de diciembre de 2016

Archivada la querella de Soria contra Rosell

La magistrada del TSJC Varona descarta que exista prevaricación, cohecho y retraso malicioso en una investigación por fraude fiscal al empresario Ramírez

03.12.2016 | 05:22
Archivada la querella de Soria contra Rosell

A la espera del proceso contra Alba

  • El Tribunal Superior de Justicia de Canarias mueve su primera ficha en los pleitos cruzados que afrontan los jueces Salvador Alba y Victoria Rosell por supuestas irregularidades en la instrucción de la causa por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. La magistrada Margarita Varona, tras tomarle declaración a cuatro testigos, concluye que no existen indicios de delito en la actuación de Rosell, que compareció como investigada el pasado día 24. El próximo día 19 será el turno de Alba y de Ramírez, también como imputados, aunque en este caso por amañar supuestamente una declaración judicial para malograr la carrera política de Rosell. Esta causa la lleva Margarita Varona, la misma que ayer acordó el sobreseimiento del primero de los procedimientos. Eso, al menos, en el plano penal, porque ambos jueces afrontan expedientes disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Alba por excederse al investigar la relación de la pareja de Rosell con el empresario, entre otras posibles faltas, y Rosell por intervenir en una instrucción en la que había sido recusada por un letrado imputado en un caso ajeno al escándalo de las grabaciones que afectan a Ramírez. Ambos tienen otras quejas en el CGPJ.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha archivado la querella que el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria presentó contra la magistrada Victoria Rosell, según confirmaron ayer fuentes de la Sala de lo Civil y Penal.

La instructora del procedimiento, Margarita Varona, descarta que existan indicios de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la causa por supuesto fraude fiscal que Rosell instruyó contra el empresario Miguel Ángel Ramírez antes de que dejara la judicatura para presentarse con Podemos a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

Soria, por medio del abogado Eligio Hernández, atribuyó esos delitos a la magistrada cuando ésta ejercía de diputada por la provincia de Las Palmas. La querella fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo (TS) al gozar Rosell de aforamiento nacional. Eso motivó que renunciara a su carrera política al acatar el código ético de Podemos y se reincorporase al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para preparar su defensa, donde sigue como titular.

El TS aceptó en abril la querella interpuesta por el ministro y rival político de Rosell en Canarias, con el informe en contra de la Fiscalía, que no veía indicios para investigar penalmente a la magistrada por las relaciones comerciales que Ramírez tiene con la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa.

Esos vínculos, que conforman el grueso de la querella, se descubrieron al dejar Rosell el juzgado y firmar su pareja un contrato con la Unión Deportiva Las Palmas para ceder por 300.000 euros una licencia de radio al club amarillo, que está presidido por el empresario a quien la juez investigaba por varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

La Fiscalía de Las Palmas, tras recibir el contrato de ese acuerdo, abrió una investigación interna para verificar los hechos e interpuso una denuncia contra Rosell al entender que podía haber vulnerado su deber de abstención. La queja fue archivada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no apreció ninguna falta disciplinaria por parte de la juez. Poco antes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC anuló las diligencias abiertas por el ministerio público. En ese contexto, cuando se avecinaban las segundas elecciones por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para formar Gobierno, Soria se querelló contra Rosell. Antes, al principio de la campaña electoral, en noviembre, la juez acusó al ministro de usar a la Fiscalía para neutralizarla como rival político y éste la denunció por calumnias e injurias en los juzgados ordinarios de Madrid.

Soria, finalmente, retiró la denuncia inicial y se querelló en el Supremo porque Rosell había sido elegida diputada y Ramírez reveló más vínculos comerciales con la pareja de la magistrada. El empresario declaró como imputado en marzo ante el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, que se hizo cargo temporalmente del Juzgado de Instrucción número 8 tras la marcha a la política de su titular. Dos meses después de esa comparecencia el caso dio un vuelco: Ramírez aportó una grabación en la que supuestamente pactaba con Alba su declaración. Ambos son investigados en el TSJC por los fines de esa reunión preparatoria, en la cual parecen llegar a un acuerdo para perjudicar a la diputada a cambio de introducir un causa de nulidad en la instrucción por fraude fiscal.

Margarita Varona ha sobreseido la causa contra Rosell dos semanas después de tomarle declaración a cuatro testigos: el empresario, la pareja de la juez, la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Eva Ríos, y el exsecretario del Juzgado de Instrucción número 8 Miguel de Juanes.

Al término de esas testificales, el letrado de Soria, Eligio Hernández, aseguró que había indicios para seguir adelante con el procedimiento penal a Rosell y anunció que recurrirá las decisiones de Varona contrarias a sus planteamientos. El letrado, que aún no ha recibido el auto de archivo, esperará a conocer los argumentos de la instructora para decidir si recurre o no su resolución, pero ayer afirmó que mantiene su planteamiento inicial. El exministro depositó 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular contra Rosell.

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