08 de noviembre de 2016
Foro la opinión de tenerife Debate entre expertos sobre el proyecto de la Ley del Suelo

Más acuerdos que discrepancias

Francisco Villar, Emma Pérez-Chacón, Javier Domínguez y Carmelo Padrón analizan en el Foro de Prensa Ibérica los pormenores de la nueva la Ley del Suelo, que inicia su andadura parlamentaria

08.11.2016 | 10:43
Más acuerdos que discrepancias
Un aspecto general de los asistentes ayer al Foro sobre la Ley del Suelo.

La nueva Ley del Suelo concita más consenso que discrepancias. Cuatro expertos en materia urbanística analizaron ayer en el Foro la opinión de tenerife la nueva norma legislativa, que se discute mañana por primera vez en el pleno del Parlamento. Tras la alianza entre los socios del Gobierno, CC y el PSOE, para presentar enmiendas relativas a que el informe medioambiental de los planeamientos lo haga el órgano que sustituya a la Cotmac o que se mantengan las Directrices de Ordenación pero pasen a tener rango reglamentario, las diferencias sobre la nueva legislación se han ido limando. Las posibles instalaciones turísticas en suelo rústico o abrir los espacios naturales protegidos a nuevos usos residenciales fueron los puntos más cuestionados.

Los usos que puedan tener los suelos rústicos, por el temor de que se permitan en ellos instalaciones turísticas de gran calado, así como la posibilidad de que se ejecuten nuevas construcciones residenciales en espacios naturales protegidos constituyeron ayer los dos aspectos que generaron mayor discrepancia en el análisis sobre el proyecto de la Ley del Suelo, realizado por cuatro expertos en materia territorial y urbanística en el Foro la opinión de tenerife. El coautor de la nueva norma y catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna, Francisco Villar Rojas, negó que el proyecto legislativo abra la puerta a ambas situaciones, defendió que la nueva normativa pretende principalmente agilizar los trámites en torno al suelo y que, además, el desarrollo sostenible es su fundamento.

Villar Rojas participó en el debate junto a la catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Emma Pérez-Chacón; el arquitecto y exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Javier Domínguez Anadón; y el catedrático de Derecho Urbanístico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón. En general, los expertos coincidieron en la necesidad que tenía Canarias de revisar las normas territoriales para racionalizar la maraña legislativa actual, a fin de evitar que los planeamientos tarden en aprobarse entre nueve y doce años, entre otras cuestiones.

En el debate, patrocinado por RIU y Astican, se produjeron pocas fricciones, por tanto, en cuanto a la nueva ley. Sobre todo, después del acuerdo alcanzado por los socios del Gobierno, PSOE y Coalición Canaria, recientemente sobre aspectos que han sido la causa de múltiples discrepancias.

El socialista Carmelo Padrón lo sintetizó de esta manera: "Desde que se admite en el pacto que la elaboración medioambiental estratégica de los planeamientos la haga un órgano regional, haya un informe preceptivo y vinculante de las competencias propias de la Comunidad Autónoma y que se puedan emitir informes sobre las cuestiones de legalidad de los planes estoy más tranquilo y no tengo problema en que los ayuntamientos aprueben los planeamientos".

Padrón fue, dentro del PSOE, uno de los críticos en que los ayuntamientos o cabildos aprobaran definitivamente los planes, cuestión que hacía la Cotmac, sin que estuvieran sometidos a un informe medioambiental realizado por la Comunidad Autónoma.

En referencia a los usos complementarios en suelo rústico, Francisco Villar indicó que se introdujeron por la demanda generalizada del sector primario y que la nueva norma indica con claridad que si al año se suspende la actividad agraria o ganadera entra en proceso de prohibición cualquier instalación que se haya permitido en ese suelo. Además, recalcó que en la nueva ley para el sector turístico, en elaboración, es dónde se fijará qué clase de actividad turística se puede realizar en suelo agrario.

Con estos argumentos respondió a Emma Pérez-Chacón, quien en su intervención consideró "peligroso" que se permitan instalaciones turísticas en el suelo rústico y que el 15% de la superficie de una explotación agrícola o ganadera se destine a ello, con lo que puso el caso hipotético de que en una "finca ganadera de 24 hectáreas se podría construir un hotel con capacidad para 400 camas", lo que abría el territorio a la especulación. A su juicio, es el momento para reconducir esta situación.

Para Villar se "se están haciendo lecturas desmesuradas" de esta norma. Recalcó que en la actualidad el artículo 47 de la Ley del Territorio ya permite suspender un planeamiento para proyectos estratégicos, y en la nueva ley estos proyectos de interés autonómicos e insulares que pueden ir en suelo rústico tienen que cumplir con más garantías y todo tipo de informes. "No es un invento nuevo, en diez comunidades se regula esta figura", subrayó.

Sobre los espacios naturales protegidos y la posibilidad de nuevos usos residenciales, Javier Domínguez Anadón indicó que la experiencia señala que Canarias "no tiene problemas de residencia interna" en suelo protegido y que en la ley se establece para casos como La Graciosa o el Risco de Famara donde ya vivía una población antes de la protección ambiental.

Domínguez Anadón entró a arrojar luz en su disertación sobre la situación que ha hecho necesaria una nueva Ley del Suelo, señaló que la maraña legislativa ha provocado un sistema "caótico" y precisó que de los 88 planeamientos solo 26 culminaron su aprobación, siete están suspendidos por los tribunales y otros 26 están en trámites que duran más de 16 años. De los 7.447 kilómetros cuadrados del Archipiélago, el 76,5% está fuera de la planificación, lo que consideró un "fracaso territorial", al tiempo que consideró a la Ley de Directrices de 2003 como "un fraude". Reprochó asimismo a los cabildos que no se hayan puesto de acuerdo, como los municipios, para presentar alegaciones consensuadas al proyecto. Domínguez Anadón puso el acento, además, en la falta de recursos para la elaboración de una ley como ésta.

Carmelo Padrón coincidió en que era necesario revisar la normativa legislativa pero estimó que el mayor problema es que no se han modernizado los planeamientos, donde focalizó los retrasos. Aseveró que esta ley "no es de los empresarios", como critican partidos políticos de la oposición.

No obstante, abogó por un "mayor entendimiento y consenso" en el proyecto de ley. Sobre el suelo rústico apostó por permitir actividades ligadas al turismo rural y destacó que las Directrices de Ordenación pasan a tener rango reglamentario y no de ley.

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