El Parlamento aprueba una propuesta para ayudar a los presos en el extranjero

27.10.2016 | 02:47

El Parlamento de Canarias, con la abstención del Partido Popular, aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) del PSOE dirigida a mejorar la atención y garantizar unas condiciones de vida mínimas para los canarios que cumplen condena en cárceles del extranjero, donde hay 35 presos en 11 países diferentes, 12 de ellos en Perú.

A través de esta PNL, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que a su vez exhorte al Estado a cumplir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo con respecto a la situación de los presos españoles en el extranjero, tales como agilizar los trámites para que los traslados a cárceles españolas se hagan en unos términos razonables, pues en estos momentos el plazo es de año y medio. También insta al Ejecutivo canario para que, como ya han hecho otras comunidades, como Castilla y León o Andalucía, establezca marcos de colaboración con organizaciones humanitarias cuya labor viene siendo fundamental para el tratamiento y asistencia de presos canarios que cumplen condena en el extranjero.

El diputado Gustavo Matos, encargado de defender la propuesta, explicó que hay casos de presos españoles en otros países que han solicitado ayuda consular y que solo han obtenido un listado de abogados que no podían pagar o 60 euros al mes para hacer frente a una cuota por entrar en prisión, la multa impuesta y la atención sanitaria. Matos indicó, además, que hay asociaciones que se dedican a atender a estas personas y que aseguran que hay españoles viviendo en la indigencia en las calles porque no tienen recursos para volver a España tras abandonar la cárcel.

En materia sanitaria, el representante del PSOE expuso que el Gobierno estatal no ha acordado un protocolo para poderles atender y que ha derivado el asunto a las responsabilidades propias de las comunidades autónomas, "dando lugar a casos paradójicos en los que un médico pagado por una comunidad para atender a un ciudadano de su región no puede asistir a otro por ser de una comunidad diferente", explicó. Gustavo Matos comentó que la Fundación de la Abogacía también ha llamado la atención a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por su actitud "terroríficamente pasiva", pues ha habido casos en los que a encarcelados que ya habían cumplido la condena dictada por el país no se les comunicó un cambio de legislación que les beneficiaba.

Asimismo agregó que en el caso de los españoles que están cumpliendo condena en estas condiciones, un derecho fundamental recogido en la Constitución, como el de la reinserción, "ni de lejos" puede ser garantizado en unas condiciones correspondientes a un estado civilizado como es España.

Por otro lado, el diputado socialista afirmó que el informe de la Defensora del Pueblo es "demoledor y contundente", con estadísticas que "dan miedo" y donde se pone de relieve cómo la burocracia está produciendo situaciones "dramáticas".

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