09 de septiembre de 2016
09.09.2016

Los acusados del 'Caso Las Teresitas' alegan indefensión

Han pedido el sobreseimiento de la causa

09.09.2016 | 17:08

Los abogados de varios de los acusados en el "caso de Las Teresitas", el presunto "pelotazo" por el cual el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió en 2001 terrenos en la playa de la ciudad por 53 millones de euros, han alegado indefensión y han pedido que el sobreseimiento de la causa.

El juicio ha comenzado este viernes con las cuestiones previas en una causa en la que están acusadas trece personas y después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde tiene lugar la vista oral, rechazada la dos recusaciones que se presentaron contra el tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de cárcel para los acusados, entre los que está quien era alcalde en el momento de la compra de los terrenos, Miguel Zerolo, también exsenador de Coalición Canaria, para quien solicita ocho año de prisión.

También pide ocho años de prisión para el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC), y cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).

La misma condena de cuatro años de cárcel plantea para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.

La Fiscalía Anticorrupción solicita además cuatro años para el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, así como para los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.

La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.

A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos.

El abogado del funcionario Antonio Messía ha argumentado que su patrocinado no había podido defenderse de la acusación de malversación de caudales públicos porque no fue advertido de esos cargos en el momento procesal oportuno.

El abogado del exconcejal José Emilio García Gómez ha dicho que a su defendido se le había acusado de participar en comisiones municipales y en el pleno en el que se acordó por unanimidad la compra de los terrenos, mientras que hasta 2015 no se le advirtió de que estaba imputado por malversación.

Ha denunciado que el proceso se ha hecho sin llevar a cabo las pruebas pertinentes ni para esclarecer las fechas y lugares en los que se produjeron presuntas reuniones con la parte privada del proceso, es decir los empresarios.

El abogado del también exconcejal Emilio Fresco ha coincidido con las apreciaciones y denuncias de su compañero y ha asegurado que su patrocinado era víctima de indefensión, porque cuando declaró en 2007 desconocía que se le imputaba malversación.

Este abogado ha resaltado que, a pesar de que todos los ediles tenían la misma información, sólo habían sido acusados algunos, y ha añadido que se había sobreseído la causa que se inició contra uno de ellos.

El defensor del exconcejal Manuel Parejo ha opinado que se han vulnerado derechos fundamentales de su cliente y ha denunciado que cuando fue interrogado no sabía de qué se le acusaba.

El abogado del funcionario Víctor Reyes ha afirmado que a su defendido no se le comunicó la querella cuando prestó declaración.

En cuanto al abogado del exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, ha manifestado que en la querella se señala que la memoria hecha por esta persona no aporta nada y se le acusa de malversación a pesar de que no se ha hecho investigación alguna.

El abogado de Miguel Zerolo ha insistido en que no ha habido perjuicio para la corporación, por lo que ha opinado que no se ha producido malversación, y los abogados de Ignacio González y Pedro González han cuestionado que parte de la causa tenga que seguirse por lo penal.

Los terrenos que protagonizan este litigio fueron adquiridos por 53 millones de euros a Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, pese a que la arquitecta municipal de la corporación los había valorado en 19,2 millones. La operación fue declarada nula seis años más tarde por el Tribunal Supremo.

La Fiscalía acusa a los imputados de "comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios", y sostiene que Zerolo y Parejo dieron instrucciones para que se acomodara "la actuación completa de la administración municipal" para llevar a efecto lo que estaba pactado con los empresarios.

Según la acusación, de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos 63.700 ya habían sido cedidos de manera gratuita al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, algo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal.

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