Una concesión bajo sospecha

La investigación de la Guardia Civil va desde las irregularidades en los permisos hasta el daño a la Zona de Especial Conservación de Mogán

31.07.2016 | 03:16

El permiso de Costas para transformar la bahía de Tauro no exime al promotor de pedir las licencias para regenerar la playa y hacer la obra del paseo. De ahí que la investigación no sólo se centre en la Demarcación de Costas de Canarias, sino también en el Ayuntamiento de Mogán por prorrogar en mayo un permiso para hacer el paseo que podría llevar cinco años caducado, entre otras claves que afectan a los sebadales como especie vulnerable.

La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ya está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, trata de acreditar que el Grupo Anfi ha sido beneficiado de forma irregular en un expediente administrativo plagado de anomalías, cuya resolución el pasado octubre otorgó a la familia Lyng y a Hermanos Santana Cazorla el derecho a explotar la playa de Tauro durante 50 años (420 hamacas, solárium, chiringuito de 200 metros, dos quioscos de 70 metros y aseos de 30 metros). A cambio de la concesión tienen que "mejorar y ampliar" la playa, con la colocación de arena rubia sobre los callaos y la aportación de una parcela privada de 3.811 metros que pasa al dominio público marítimo terrestre.

Y es en esta cesión de suelo donde la Guardia Civil encuentra la primera irregularidad, pues Santiago Santana Cazorla, en nombre de Anfi, terminó de colocar la arena traída del Sahara a principios de mes y todavía no ha acreditado la aportación de los terrenos privados al dominio público. Una condición obligatoria para la concesión a la que se comprometió el propio Santiago Santana (su competidor, Miguel Cazorla León, con negocios en Amadores, no incluía esa mejora en su proyecto).

También se investiga la omisión en el expediente de Costas de los informes del Cabildo y del Gobierno regional que suponían trabas al proyecto técnico o señalaban incompatibilidades; que no se exigiera licencia municipal para las obras; la concesión irregular de la licencia para ejecutar el paseo marítimo (puede que esté caducada), y que el Gobierno retrasara de manera inexplicable el informe de impacto ambiental, cuyas conclusiones son relevantes. Los denunciantes, Ben Magec Ecologistas en Acción, dan por seguro que la gran turbidez generada por las obras ha incidido negativamente sobre la Zona Especial de Conservación Franja Marina de Mogán, con probables alteraciones significativas de hábitats de interés comunitario y de especies vulnerables como la Cymodocea nodosa (sebadales).

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