El Supremo tumba el recurso de las Islas contra el reglamento de costas

Los magistrados del Alto Tribunal niegan que el reglamento invada competencias autonómicas

27.07.2016 | 04:02

La "duda razonable"

  • Aunque no es lo más habitual, el hecho de que el recurso contencioso-administrativo del Gobierno de Canarias haya sido desestimado no ha conllevado en esta ocasión el pago de las costas, esto es, los gastos judiciales. No en vano, los magistrados del Tribunal Supremo consideran que el precepto que dio lugar a la controversia entre ambas administraciones (la prohibición de que una construcción en zona de servidumbre pueda ampliarse) "ha podido suscitar alguna duda razonable". Así, la sala de lo Contencioso del Alto Tribunal juzga que "concurren circunstancias que podrían considerarse justificativas de la interposición del presente recurso", lo que, en definitiva, libra al Ejecutivo de las Islas, y, por tanto, a las arcas públicas, del pago de los gastos judiciales. El reglamento general de costas fue uno de los principales caballos de batalla de las relaciones entre el Ejecutivo que presidía Paulino Rivero y el gobierno del PP y Mariano Rajoy.

La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso que el Gobierno de Canarias interpuso en su día contra el real decreto por medio del cual se había aprobado, en octubre de 2014, el reglamento general de costas. En una sentencia fechada el último día 5, y para la que ejerció como ponente precisamente el magistrado José Juan Suay Rincón, exprofesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la sala del TS rechaza los argumentos esgrimidos por la que fuera, en la anterior legislatura, Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, que dirigió el nacionalista Domingo Berriel. Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional entendían que el reglamento invadía competencias de la Administración autonómica, algo que finalmente ha negado el Alto Tribunal.

La base del argumentario del Gobierno de las Islas era la pretendida incompetencia del Estado para limitar la propiedad privada, "de forma unilateral", más allá de la llamada "servidumbre de protección", esto es, más allá de la franja de cien metros desde la ribera del mar, que es el espacio que protege la ley de costas. Los magistrados del Supremo exponen en la sentencia, sin embargo, que esa posibilidad es excepcional y, además, exigiría un acuerdo tripartito entre el Gabinete estatal, el Ejecutivo del Archipiélago y el ayuntamiento de que se trate.

Con todo, los abogados del Gobierno que preside ahora Fernando Clavijo sostenían que el Estado elude de facto ese acuerdo en los supuestos en que parte de una construcción se asienta en la zona protegida y parte no. En estos casos se prohíbe aumentar el inmueble con independencia de que este apenas invada la zona de servidumbre, y no son pocos los hoteles que están en esta situación en Canarias, de ahí que el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma alegara que la medida supone "un serio perjuicio a múltiples instalaciones turísticas existentes". En otras palabras: un hotel que ocupara 99 metros de superficie no protegida y solo un metro de zona de servidumbre no podría ampliarse a consecuencia de ese único metro y por más que la nueva construcción también estuviera fuera del área que la Administración reserva para uso público. La sala de lo Contencioso del TS dedica buena parte de su escrito a dilucidar este punto de la controversia y concluye que esa prohibición expresa sería tal en los casos en que el inmueble esté íntegramente en zona de servidumbre. En consecuencia, ese edificio no podría aumentarse (tampoco en altura) "independientemente de la parte de la construcción sobre la que se pretenda actuar". En cambio sí cabría esa posibilidad cuando el hotel, por ejemplo, solo ocupara superficie protegida parcialmente, para lo que sería necesario el susodicho acuerdo tripartito. Desde esta "perspectiva", el alegato del Ejecutivo canario pierde sentido, habida cuenta de que "la disposición no vendría a contradecir la normativa legal", sentencian los magistrados.

Así, en definitiva, el Supremo tumba el recurso de la Administración autonómica, que, no obstante, se libra del pago de las costas.

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