Las empresas públicas pierden 647 puestos de trabajo en un lustro

Los fondos que el Gobierno canario destina a sus sociedades mercantiles caen un 9% y el gasto de personal baja casi un 35% desde 2011

17.07.2016 | 04:10
Protesta de trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias en enero.

16 entidades extinguidas

  • El escenario de crisis y la imposición de recortes desde Madrid ha llevado al Gobierno canario a suprimir 16 entes, una cifra muy superior a la prevista, ya que había acordado con el Ministerio de Hacienda reducir su sector público sólo en seis entidades. Conforme a los datos del departamento de Cristóbal Montoro, que recoge la información aportada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma a julio de 2015, Canarias ha cumplido "sobradamente" con los compromisos inicialmente asumidos en 2012 de reordenación de su sector público autonómico. Entre las extinguidas figuran las fundaciones para la promoción de la educación y para la prevención e investigación de drogodependencias, la Agencia de Energía y la Sociedad Proyecto Monumental Montaña Tindaya. En otros casos se optó por la fusión, como la de Sogarte y Sogapyme para crear la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias y la unión de otros dos entes para implantar la Fundación de Investigación Sanitaria. H. M.

El adelgazamiento de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma persiste. Las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Canarias en el sector público empresarial no bajan la guardia y han provocado la destrucción de 647 empleos en los últimos cinco años. El compromiso del Ejecutivo con los objetivos de estabilidad financiera implica recortes en este ámbito de la administración. Los sindicatos sospechan que el Gobierno persigue el desmantelamiento paulatino de las entidades mercantiles, mientras que Hacienda defiende la racionalización y eficiencia de los recursos públicos.

El conflicto laboral que atraviesa el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) evidencia la difícil coyuntura que atenaza a este tipo de sociedades. El Ejecutivo ha interrumpido el expediente de disolución de este centro tras la votación favorable de la plantilla a la propuesta para una nueva reducción de sus nóminas hasta el año 2018. Si bien el comité de empresa considera que no está garantizada la viabilidad del ITC, que en un lustro ha perdido 58 empleos hasta tener 156, mientras que las transferencias procedentes del Ejecutivo han caído en 2,2 millones de euros.

El ITC es la cuarta sociedad donde más trabajadores se han suprimido, por detrás de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), en la que se han eliminado 328 empleos desde 2011 hasta alcanzar 113; seguido por Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), con 65 menos hasta 247; y, en tercer lugar, Hoteles Escuela de Canarias, que ha mermado su estructura en 63 puestos hasta sumar 141.

Austeridad

Si bien la austeridad se hizo patente desde 2009, fue a partir de mediados de 2012 cuando se endurecieron las medidas para la reordenación del sector público. El entonces consejero de Hacienda, Javier González Ortiz, impulsó la aplicación de planes de viabilidad en las sociedades, con la reducción sobre todo de los gastos estructurales fijos y la deuda de las empresas.

Desde entonces el Gobierno ha intensificado el redimensionamiento de las sociedades mercantiles, que han registrado un notable descenso de su actividad debido a la crisis económica. Este proceso vino acompañado por acciones de contención de gastos, desinversiones, ventas de inmuebles, la anulación de alquileres y la rebaja de sueldos de los empleados. En el último quinquenio más de medio millar de trabajadores han recibido la carta de despido, algunos por expedientes de regulación de empleo o por la extinción de sociedades.

Actualmente hay 16 empresas públicas en la Comunidad Autónoma, aparte de otras cuatro que carecen de actividad y que continúan en fase de liquidación.

La pérdida de recursos humanos se constata en la disminución del gasto de personal. Para 2016, el conjunto de compañías mercantiles dependientes de la administración autonómica presentan un coste de plantilla que asciende a 49,3 millones de euros, cerca de un 35% menos respecto a 2011 (75,1 millones). A ello se añade que los fondos que el Gobierno destina a sus empresas públicas se han reducido casi un 9% desde 2011. En concreto, las transferencias concedidas a las sociedades mercantiles alcanzan los 135,2 millones de euros, 12,4 millones menos que hace cinco años. Además, la cifra incluida en los presupuestos de 2016 experimenta una disminución respecto a la del ejercicio anterior de 4,9 millones.

Los principales destinatarios de estas aportaciones son Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad de Canarias, que percibirá en este ejercicio 69,7 millones de euros para el transporte sanitario y la coordinación en la atención de urgencias; Televisión Pública de Canarias recibe 29,1 millones para continuar con la labor de implantación y consolidación de la televisión autonómica; y Promotur Turismo Canarias, que contará con 19,6 millones para la actividad promocional.

La disciplina presupuestaria para las entidades se mantiene. Existe un alto grado de cumplimiento de los programas para reorgarnizar el sector público y las empresas se están ajustando a sus planes de viabilidad, afirma el viceconsejero de Hacienda, Luis Padilla, que recuerda que las cuentas autonómicas están condicionadas por la norma estatal de estabilidad presupuestaria, que se traduce en la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y deuda pública. De ahí las restricciones a las que deben someterse los entes públicos.

Racionalización

Padilla resaltó que el objetivo es "racionalizar y buscar la mayor eficiencia de los recursos públicos". De hecho, indicó que el Gobierno ahorró 1.091 millones de euros entre 2011 y 2015 por las medidas para la reordenación del sector público autonómico. De esta cantidad, el 80%, 880 millones, corresponde a los ahorros anuales derivados de la aminoración del gasto corriente y de las inversiones.

El coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso, criticó que la rebaja en las transferencias es una forma de "atornillar" a las empresas públicas y lamentó que los gerentes "han optado también por el camino más fácil: el despido de trabajadores". Exigió mayor control en las encomiendas de gestión. Mientras que el secretario general de UGT en las Islas, Gustavo Santana, cree que "la presión" sobre estas sociedades va en aumento y estima que el Gobierno tiene una estrategia para "ir deprimiendo las empresas para luego forzar su cierre y no tener conflictos laborales".

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