"El ayuntamiento que no pueda aprobar su PGO no debe existir", afirma la CEOE

Los sindicatos anuncian movilizaciones pese a no presentar ni una sola alegación en contra de la ley del suelo

09.06.2016 | 13:32
"El ayuntamiento que no pueda aprobar su PGO no debe existir", afirma la CEOE

Las diferentes posturas ante el anteproyecto de la ley del suelo aún están muy lejos de encontrarse. Aunque el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, José Miguel Barragán, se esforzó ayer en transmitir un clima tendente al entendimiento, empresariado y sindicatos mantienen posiciones opuestas en asuntos tan relevantes como el del papel que habrán de desempeñar ayuntamientos y cabildos en la aprobación del planeamiento territorial. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Tenerife, José Carlos Francisco, subrayó al respecto que los consistorios de las Islas ya deben ser capaces de sacar adelante sus respectivos planeamientos; de no ser así, agregó, sería el consistorio en cuestión el que no tendría razón de ser.
El propio Francisco, exconsejero de Economía, reconoció que este fue uno de los temas más controvertidos durante la reunión del consejo asesor del presidente, que ayer tuvo como asunto central el anteproyecto de la ley del suelo. El presidente de la CEOE-Tenerife expuso que si los ayuntamientos son instituciones lo suficientemente maduras para elaborar sus presupuestos o para establecer sus ordenanzas, también deben serlo para aprobar sus planes generales de ordenación. Es más, exhortó a cerrar sus puertas o a fusionarse con otra entidad municipal a aquellos incapaces de afrontar esta tarea. "Si un ayuntamiento no es capaz de aprobar su planeamiento, pues lo que no debe existir es el ayuntamiento", enfatizó el dirigente de la patronal tinerfeña, quien, en tal caso, cree que debería "fusionarse con otro" y así "crear una dimensión y una eficiencia municipal adecuadas".

Al hilo de lo anterior, el viceconsejero de Presidencia argumentó que los informes de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la polémica Cotmac, no solo serían preceptivos, sino también vinculantes, en todo aquello que tenga que ver con competencias de la Administración autonómica. En consecuencia, su intervención sería como la del Estado actualmente, cuyos informes también son preceptivos y vinculantes en lo que atañe a sus obligaciones. Barragán recordó además que cabildos y ayuntamientos ya vienen haciendo todo el trabajo hasta la aprobación provisional de los planes generales (es la Cotmac la encargada de la aprobación definitiva), de modo que redujo la controversia a una cuestión semántica: "Ahora lo que se está planteando es que donde dice aprobación provisional diga aprobación definitiva".

Sea como sea, y desde el punto de vista sindical, el secretario de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, Gustavo Santana, no solo insistió en las dudas sobre el futuro "papel" de la Cotmac, y en concreto sobre si seguirá o no "evaluando" la legalidad de los planes generales (PGO), sino que cuestionó también la idea de dar a los ayuntamientos competencias "plenas" en su aprobación. A su juicio, ello implica "riesgos": "Puede llevarnos a romper la cohesión territorial de Canarias y el crecimiento armónico y sostenible".

Con todo, la consejera de Política Territorial del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, avanzó también ayer, en declaraciones a Europa Press, que ni UGT ni Comisiones Obreras (CC.OO.) han presentado alegación alguna en contra del anteproyecto de ley. De hecho, el plazo para interponer alegaciones finalizó el último día 26. Ello no obstó, sin embargo, para que Santana casi diera por descontado que los sindicatos tendrán que "movilizarse" en contra de la norma, ya que no confía, aseguró, en que haya "voluntad" de modificar el texto: "Más bien ha habido discusiones que acercamiento de posturas".

Desde la consejería que dirige Barreto también se puso énfasis en que los representantes sindicales no han participado en ninguna de las reuniones ni mesas en las que se ha dado forma al anteproyecto de ley, a lo que el viceconsejero de Presidencia agregó que la Plataforma contra la Ley del Suelo (en que están los sindicatos) ni ha solicitado reunión alguna ni ha elevado al Ejecutivo documento alguno. "Imaginamos que se dan por satisfechos con alguno de los documentos que se han presentado como alegaciones", puntualizó Barragán. En cualquier caso, Barreto adelantó que las aportaciones de UGT y CC.OO. serán tenidas en cuenta con independencia de que el plazo para presentar alegaciones haya expirado ya.

Al Consejo Consultivo

En cuanto a los trámites administrativos que el anteproyecto tendrá que superar antes de convertirse en ley, el viceconsejero de Presidencia adelantó que en dos semanas, tres como máximo, el Gobierno regional solicitará al Consejo Consultivo su preceptivo dictamen, paso previo a la llegada del texto al Parlamento. José Miguel Barragán apuntó en este sentido que queda por delante la fase "más importante", esto es, el paso de la propuesta normativa por la Cámara autonómica, momento este en el que aún sería posible el entendimiento, remarcó el representante del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. Si se cumplen los plazos que prevé el Gobierno (que ahora mismo suman un retraso de 15 días), el anteproyecto estará ya en el Parlamento el próximo julio, con lo que esos días de demora no alterarían los planes iniciales.

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