Cerdán exhorta a modificar la ley de transparencia tras solo 6 meses de vida

El comisionado ve el mayor "agujero" en la escasa efectividad del régimen sancionador

01.06.2016 | 09:27
El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, ayer durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias. | josé luis gonzález

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, repasó ayer en comisión parlamentaria su primer informe sobre la aplicación de la ley de transparencia en el Archipiélago, un informe que también es el primero que sobre esta normativa se expone ante una Cámara legislativa en España. A pesar de la aún corta vida de la ley y del propio comisionado, argumento este que sirvió al Partido Popular (PP) para calificar de extemporáneas sus recomendaciones, Cerdán no tuvo reparos en poner de manifiesto la necesidad, a su juicio, de modificar la norma. No en vano, el encargado de velar por la transparencia administrativa en la comunidad autónoma ha detectado una serie de agujeros en la ley: desde cierta laxitud en la obligación de publicitar los contratos menores hasta, por ejemplo, y sobre todo, la extrema dificultad de poner en práctica un régimen sancionador aún por desarrollar.

La ley en cuestión, la 12/2014, de transparencia y de acceso a la información pública, presenta grietas que, en opinión del comisionado, justificarían su modificación y/o su pronto desarrollo reglamentario. Cerdán hizo hincapié en que los plazos para que los ayuntamientos, los cabildos o el Gobierno de Canarias publiquen la información requerida por los ciudadanos no están, en general, definidos, como tampoco los "requisitos de calidad" de esta información. Además, la obligación de las instituciones de dar a conocer los contratos menores que suscriban "es de menor exigencia" que la que determina la normativa estatal. Con todo, acaso el mayor "agujero" de la ley autonómica, en palabras del comisionado, esté en el régimen sancionador. Un "agujero" que comparte con la generalidad de las normas de este tipo y que, en esencia, es resultado de "poner a los lobos a cuidar de las ovejas", resumió el portavoz del Partido Socialista (PSOE) en la comisión, Gustavo Matos. En definitiva, remachó Cerdán, "es muy difícil que un alcalde se ponga una sanción a sí mismo o a uno de sus concejales". Es más, en el año y medio en que llevan aplicándose las leyes de transparencia en nuestro país, no se ha contabilizado ni un solo incumplimiento, avanzó el representante público, de ahí que los expertos convengan en que no se ha logrado, ya no solo en las Islas, establecer un régimen sancionador "efectivo".

Tanto el susodicho Matos como la portavoz de Podemos, Concepción Monzón, recalcaron que las consecuencias de que las sanciones resulten papel mojado pueden detectarse en el mismo informe del comisionado de Transparencia. De hecho, de las 96 instituciones a que el órgano unipersonal remitió las fichas de evaluación (el instrumento para conocer el grado de cumplimiento de la ley en cada una de las administraciones), solamente respondieron 37, es decir, menos de la mitad. "Es normal que incumplan, porque no pasa nada", apostilló al respecto la representante de Podemos.

Fue el diputado y ayer portavoz del PP, Emilio Moreno, el único miembro de la comisión que rechazó la propuesta de modificar la norma que Cerdán había puesto sobre la mesa. "No es recomendable que discutamos la modificación de una ley tan reciente", expuso el parlamentario, quien también recordó que el desarrollo reglamentario "ya está previsto". Al fin, Moreno argumentó que la premura en los cambios normativos podría terminar por "erosionar" los objetivos. "Vamos a erosionar una ley a la que no se ha dado margen para un desarrollo efectivo", insistió el diputado del PP, que tampoco se mostró de acuerdo con el comisionado en lo tocante al régimen sancionador. Tan es así, que incluso calificó de "falacia" su inexistencia: "Hay hasta sanciones leves, graves y muy graves, pero no es la función del comisionado, el comisionado no sanciona a nadie". Sea como sea, el portavoz del PSOE reorientó la discusión no tanto hacia la existencia o no de régimen sancionador, lo que efectivamente prevé la ley, sino hacia su efectividad: "Si no está bien delimitado, no sirve para nada".

Las portavoces de la Agrupación Socialista Gomera y de Coalición Canaria, Melodie Mendoza y Socorro Beato, se detuvieron también en la carencia de medios materiales y humanos que sufre el comisionado, algo que Cerdán lamentó abiertamente y que ambas diputadas reconocieron. María Esther González, del grupo parlamentario de Nueva Canarias, remarcó, por su parte, el contrasentido que implica que una ley de transparencia ampare el silencio administrativo (la falta de respuesta de la Administración Pública) como negativo, esto es, como rechazo tácito de la solicitud del ciudadano. "Es incomprensible", sentenció.

Sin portal

El informe del comisionado revela que tres cabildos insulares (los de El Hierro, La Gomera y Lanzarote) y hasta 18 ayuntamientos, entre ellos los de La Orotava y Santa Lucía de Tirajana, aún hoy no cuentan con portal de transparencia. El año pasado fueron alrededor de 325 las solicitudes de información cursadas ante las instituciones.

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