La Audiencia rechaza la recusación de la juez instructora del 'caso Unión'

Una asociación de juristas pretendía personarse en el procedimiento cuando este ya llevaba ocho años de trabajo y más de 60.000 folios de diligencias acumuladas

23.05.2016 | 15:11

La Audiencia de Las Palmas ha rechazado la recusación presentada contra la juez que instruye el "caso Unión" por una asociación de juristas que pretendía personarse en el procedimiento cuando este ya llevaba ocho años de trabajo y más de 60.000 folios de diligencias acumuladas.

La instructora del "caso Unión", Silvia Muñoz, titular del Juzgado número 5 de Arrecife, no aceptó Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa se personara como acusación popular en procedimiento a última hora, porque consideraba que su petición estaba "falta de rigor".

La Audiencia de Las Palmas corrigió su decisión y autorizó a este colectivo participar una de las piezas principales del caso, la 697/2008, en la que se investiga una presunta trama de cobro de comisiones a empresarios a través del Ayuntamiento de Arrecife, pero la juez Silvia Muñoz declaró poco después terminada la instrucción y trasladó las diligencias a las partes para que formularan sus correspondientes escritos de acusación o defensa.

En la práctica, esa decisión dejó al colectivo de juristas Jiménez de Asúa sin posibilidad de proponer diligencia alguna.

En respuesta a esa decisión, la asociación pidió que se apartara del caso a la juez Muñoz, por entender que tenía un interés "directo" en la causa y que demostraba una "enemistad manifiesta" hacia su colectivo.

En un auto hecho público hoy, la Audiencia ha rechazado de plano su solicitud, porque considera que la juez ha actuado de forma correcta tras más de ocho años acumulados en la instrucción, en los que esa asociación ha tenido tiempo suficiente, si quería, para personarse en el caso.

El tribunal considera el colectivo Jiménez de Asúa no ha razonado qué interés concreto podía tener la juez Muñoz en el "caso Unión".

Además, subraya que admitir que se alegue que ha comprometido su imparcialidad por haber terminado el procedimiento, sería "tanto como decir que una instructora pierde su imparcialidad simplemente por hacer su trabajo".

"Han sido, pues, casi ocho años durante los cuales la asociación referida ha podido constituirse y personarse en la causa, ocho años en los que este procedimiento ha tenido una atención, por parte de los medios de comunicación, casi sin igual en esta Comunidad Autónoma y, por tanto, si finalmente, por las circunstancias que sean, que poco importan a este caso, la asociación ha decidido libremente que la personación se lleve a cabo cuando la instructora ha entendido terminada la instrucción bien hace la misma en así declararlo", apunta la Audiencia de Las Palmas.

El tribunal reclama que la juez dio por concluida la instrucción de esta pieza del "caso Unión" cumpliendo "el deber que le impone el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no le permite esperar o dilatar esta decisión, más allá del tiempo que necesita para examinar nada menos que 103 tomos y más de 60.000 folios y acordar lo procedente sobre el curso de lo actuado".

La Audiencia entiende que la asociación Jiménez de Asúa no ha fundamentado "mínimamente" sus razones para recusar a la juez Muñoz y aprecia en su actuación una "mala fe" procesal que cree destinada a "dilatar" la tramitación de este procedimiento de presunta corrupción en Lanzarote, porque cambiar de juez a estas alturas supondría esperar a que un nuevo instructor tuviera tiempo para estudiar los más de 60.000 folios del procedimiento.

En esta pieza del "caso Unión" se investigan los manejos que el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y expresidente del Cabildo, Dimas Martín, supuestamente realizaba desde la cárcel para que la gestión de contratos del Ayuntamiento de Arrecife revirtiera en beneficio suyo y de su formación política mediante la exigencia de sobornos, entre los años 2007 y 2009.

La Fiscalía de Las Palmas sostiene que, aprovechando su ascendencia sobre destacados concejales y funcionarios del consistorio de la capital de Lanzarote, Martín consiguió montar una red que cobraba a los empresarios comisiones del 3 al 10 por ciento de las obras o servicios que se les contrataban, unos fondos que servían para financiar de forma encubierta la actividad del PIL.

Por esos hechos, solicita que sea condenado a 17 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude, malversación en concurso con prevaricación y falsedad, información privilegiada y falsedad.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine