Canarias y Baleares avisan al Estado que la multa de la CE no atañe a las regiones

Dávila reclama que no se recorten fondos de los servicios básicos y pensiones

20.05.2016 | 11:01
delia padrón

El Gobierno de Canarias quiere aprovechar la coyuntura que se presentará con la renovación del Gabinete estatal para acabar con su condición de región infrafinanciada. La consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Rosa Dávila, está dando los primeros pasos junto con sus homólogos del resto de territorios damnificados por el controvertido sistema de financiación. Ayer, Dávila y la responsable de la Hacienda balear, Catalina Cladera, plantearon una posible solución al sobrecoste de los servicios públicos que implica la insularidad: la creación de un fondo destinado específicamente para paliar este problema. Preocupa también que el nuevo Gabinete pretenda cargar a las autonomías las consecuencias de la sanción que Bruselas impondrá a España por incumplimiento del déficit, a lo que una y otra se niegan de plano.

Las dos consejeras, tras una reunión en la que ambos gobiernos cruzaron información económica y financiera, dejaron claro que el sistema de financiación requiere algo más que una mera modificación puntual. A su juicio, se ha llegado a un punto en el que es necesaria una revisión "completa", una revisión que en ningún caso, ahondaron, debe partir del actual statu quo. "El planteamiento en común es la revisión completa, no un parcheado", expuso la representante del Gobierno de Canarias, que insistió en la importancia de esta reforma para garantizar la prestación de los servicios públicos. "El sistema es insostenible, nos deja a la cola", subrayó.

La reunión de ayer forma parte de la ronda de conversaciones en que el Ejecutivo regional pretende hacer causa común con los demás territorios infrafinanciados del país. En este caso, la cita sirvió para que los gobiernos de las dos únicas autonomías que soportan los sobrecostes de la insularidad marcasen una primera línea roja de cara a las futuras negociaciones: el sistema de financiación tendrá que tener en cuenta esta singularidad de los dos archipiélagos. Y Dávila y Cladera incluso pusieron sobre la mesa una posibilidad que convence a ambos ejecutivos, esto es, la constitución de un fondo "aparte" y "específico" y destinado exclusivamente para compensar el coste extraordinario que la insularidad le acarrea a ambas administraciones. No en vano, tal como recordó la consellera, tanto Canarias como Baleares necesitan, por ejemplo, contar con un hospital en cada isla, y ello al margen de variables como la población. En definitiva, la fragmentación del territorio supone mayores gastos, y ni Dávila ni Cladera consideran que el sistema actual atienda convenientemente esta evidencia. "Hay que situar este tema entre las prioridades del nuevo Gobierno, hay que asegurar que todos los ciudadanos, sean de donde sean, tengan un gasto público similar", expusieron las dos responsables de Hacienda, que también recordaron el "déficit de financiación histórica" que precisamente por el mantenimiento de ese statu quo inalterable desde hace tantos años sufren ahora las arcas públicas canaria y balear. "Que se reformule desde cero", insistieron.

Ambas consejeras pusieron también énfasis en la falta de transparencia del sistema ("es impredecible, oscuro y poco transparente", espetó Cladera) y en los inconvenientes que generan cuestiones como que los fondos se liquiden a dos años, lo que impide que las comunidades puedan hacer uso de los recursos ejercicio a ejercicio. Con todo, puntualizaron que esto son solo "ajustes" y que lo verdaderamente urgente es la reforma "estructural".

En cuanto a las reticencias que podrían tener las autonomías sobrefinanciadas ante las intenciones de aquellas perjudicadas en mayor o menor grado, la consellera del archipiélago mediterráneo aclaró que unas y otras coinciden en la necesidad del cambio. "Hay un punto en común, todas reconocen que el sistema no funciona", remarcó.

Tanto Rosa Dávila como Catalina Cladera también quisieron hacer notar su absoluto rechazo hacia la posibilidad de que el próximo Gobierno trate de hacer a las comunidades corresponsables de los nuevos ajustes a que obligará la multa que la Comisión Europea (CE) impondrá a España. Aunque Bruselas aplazó ayer su decisión sobre las sanciones por incumplir el déficit hasta después de las elecciones del 26-J, las dos consejeras hicieron hincapié en que, "en todo caso", el ajuste tendrá que hacerse "desde las cuentas del Estado" y sin menoscabar la caja de las pensiones. "No sé si lo hará en Defensa, pero no en servicios básicos", apuntó Dávila; "no se nos puede pedir más esfuerzo", remató Cladera, quien recordó que, en términos relativos, las regiones han hecho más esfuerzo que el Estado por reducir el déficit público.

Sea como sea, la consejera del Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo enfatizó que Canarias "ha cumplido", de modo que la decisión de la CE no afectará a las Islas.

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