El fiscal sitúa a Mena como "pieza fundamental" del 'caso Calero'

Sostiene que en el proyecto para urbanizar la unidad del Calero Alto 2 se produjo una "concatenación de irregularidades"

19.05.2016 | 16:07
José Luis Mena.

El Ministerio Fiscal ha solicitado este jueves 19 de mayo a la Audiencia de Las Palmas la condena de los tres acusados en el "caso Calero" y ha considerado al exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde José Luis Mena como su "pieza fundamental", porque era el encargado de controlar la legalidad.

El fiscal José Antonio Blanco, en sus conclusiones finales, ha sostenido que en el proyecto para urbanizar la unidad del Calero Alto 2 se produjo una "concatenación de irregularidades" para evitar que ejerciera sus derechos a participar en la reparcelación a un propietario, el denunciante del caso, Miguel Ángel Ramírez,.

La actuación fue "totalmente irregular" por la falta de informes, de control técnico, la suplantación de personas y la falsificación de documentos, según Blanco.

Éste ha sostenido que todo obedece a la "prisa" del acusado Félix Santiago Machín, que era promotor y constructor del proyecto para construir 76 viviendas, pues temía que en la revisión de la unidad que se iba a efectuar se cambiara su desarrollo.

Así mismo, ha expuesto que hubo una "clara voluntad de no reflejar la realidad física" en esa unidad de actuación "por orden de Mena", al que acusa de un delito de prevaricación continuado, además de inducir a la falsificación al topógrafo del Ayuntamiento, Fermín Peñate, el tercer acusado en esta causa en la que sitúa a Machín como beneficiario, porque tenía un "interés claro y directo" y le favorecía.

El abogado José Manuel Rivero, que ejerce la acusación particular en nombre del denunciante, ha suscrito al "90 por ciento" el informe del Ministerio Público, si bien ha dicho discrepar en cuanto a que él considera al inductor de "todo lo ocurrido" a Machín.

Rivero ha señalado que Machín es un "empresario poderoso" que "puso toda una maquinaria de la administración pública para favorecer un interés particular" en "plena burbuja inmobiliaria y de corrupción urbanística", y que no descarta que se cometiera también un delito de cohecho, que no ha podido demostrar.

Los abogados de la defensa de los acusados han reclamado al tribunal la absolución de los tres procesados al entender que no existe prueba para su condena.

El letrado del topógrafo municipal, Fermín Peñate, ha sostenido que su defendido elaboró un levantamiento planimétrico referido a la sociedad Telpan, propiedad de Machín, porque se lo ordenó Mena, su jefe superior, y que no existe prueba alguna de que tuviera que medir la totalidad de la unidad de actuación del Calero Alto 2, aparte de que tampoco es responsable del uso que se dio al plano.

Según esta defensa, el delito de falsedad continuada que se atribuye a Peñate precisa de una actuación dolosa y "no hay prueba de que alterara la realidad", pues figura la propiedad del denunciante en el plano, si bien no tenía orden de medirla, además de una "pluralidad de actos" que tampoco se dan.

El abogado José Antonio Choclana, que representa a Machín, ha recalcado que ser beneficiario no es indicio suficiente para la condena que se le pide, al tiempo que ha subrayado que la inducción en el delito de falsedad que se aprecia por la acusación particular es "temeraria" y no se "justifica", por lo que ha pedido que se condene en costas en caso de que no prospere.

Choclana ha manifestado que el caso responde a la "actuación inquisitiva de un juzgado inducido por el error de un funcionario y al exceso de celo policial" en el que Machín, contra el que hay "cero" pruebas de su posible connivencia con Mena, es un perjudicado porque a día de hoy no ha podido desarrollar su proyecto.

El procedimiento de la unidad de actuación de El Calero para el desarrollo de la urbanización fue anulado en la vía administrativa, pero ello no implica que exista delito penal, ha recordado.

La abogada de Mena, Teresa Campanario, ha pedido su absolución y ha señalado que no se ha producido prueba nueva alguna que implique su condena, pues el fiscal ha empleado los mismos argumentos que llevaron al archivo de la causa en primera instancia.

Los tres acusados se enfrentan a penas de 4 y 5 años de prisión por delitos de prevaricación administrativa y falsificación de documentos, así como a la inhabilitación para cargo y empleo público.

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