Santiago Muñoz Machado: "El REF no debería anclarse en la Constitución, sino en una ley orgánica"

"Quienes utilizan el oficio para progresar social o políticamente son gente corrupta", asegura el Catedrático de Derecho, secretario de la RAE y director del Diccionario del Español Jurídico

18.05.2016 | 12:21

"Los jueces ´estrella´ o quienes utilizan el oficio para progresar social o políticamente son gente corrupta porque usan potestades públicas para fines de carácter privado"

El catedrático de Derecho Administrativo por las universidades de Valencia, Alcalá de Henares y Complutense; miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y secretario de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949), escogió ayer a La Laguna como primera ciudad para presentar el Diccionario del Español Jurídico, del que es director y en el que han participaron más de 150 expertos. La obra, publicada por Espasa, ha sido patrocinada por la Fundación Acuorum, con base en Canarias. Muñoz Machado es también técnico de la Administración Civil del Estado y especialista en derecho constitucional, administrativo y comunitario europeo. De su extensa bibliografía jurídica, destaca su Tratado de derecho administrativo y derecho público general, obra de referencia en la materia.

¿Por qué la necesidad de un Diccionario del Español Jurídico?
Porque no lo había. Aclaro que se han editado muchos diccionarios jurídicos desde el siglo XV y, fundamentalmente desde el XVIII, pero de carácter enciclopédico. Son diccionarios que tratan desde cada voz explicar todo lo que los juristas saben. Pero nunca se había hecho un diccionario con la metodología propia de los diccionarios de la Lengua. Es decir, con criterios lexicográficos.

¿Qué novedades aporta?
Es una obra con definiciones cortas a las que se da una explicación de lo que significa cada concepto y se añade una referencia de uso de cómo esa palabra se emplea en la práctica, en la jurisprudencia y las leyes. Son 30.000 entradas que comprenden la totalidad de las disciplinas jurídicas y de todas las épocas, desde el Derecho Romano a la Revolución Digital.

Un trabajo muy laborioso.
Ha sido el trabajo de toda la vida de las 150 personas, entre catedráticos y letrados del Tribunal Constitucional, que han colaborado conmigo. Hay una parte que es la confección formal, la articulación, la redacción final, y otra que es el conocimiento que se ha vertido por tantos expertos de dilatada trayectoria.

¿Puede ayudar a desentrañar el complicado lenguaje jurídico que se lee en algunas sentencias?
Con esto vamos a ver si contribuimos a que la significación de las palabras quede bien definida, que sea accesible para los usuarios y los operadores jurídicos también. Pero otra cosa es que se articulen luego en un discurso que sea inteligible, pero eso depende más de la pluma de cada uno. Sin embargo, para los juristas, los periodistas, las personas cultas, políticos e interesados en la terminología jurídica, el diccionario será útil para hablar con criterio. Es una obra de muy sencillo manejo que le servirá a cualquier ciudadano que deba enfrentarse a este vocabulario, del que siempre he dicho que no tiene nada de especial. No es tan diferente de la lengua ordinaria como es el de la medicina o la biología. No hay palabras imposibles.

¿Los medios de comunicación utilizamos bien las expresiones o términos jurídicos?
No es lo que mejor hacen habitualmente. Creo que es por confianza, porque el lenguaje jurídico es muy ordinario y parece que todo el mundo lo puede usar con precisión y no suele ocurrir. Hacen falta más herramientas como el diccionario.

A finales del pasado año se modificó el Código Penal y aunque éste ha podido contener cambios relevantes, lo cierto es que se habla más de lo anecdótico de cambiar la denominación de "imputado" por "investigado". ¿Fue una cuestión jurídica o política?

Es un cambio social. El legislador ha pretendido levantar la connotación negativa que tiene la palabra imputado sustituyéndola por la de investigado. Ha creído inocentemente que este cambio va a librar a los ciudadanos que son investigados de la carga negativa de la palabra imputado. Dentro de poco, la sociedad aplicará la misma connotación negativa al investigado. Es difícil cambiar una apreciación negativa por usar una palabra distinta.

¿La justicia es el último refugio de la democracia?
Es el refugio principal del estado de derecho, no necesariamente de la democracia. Es la garante final para que un país funcione con normas que regulen la convivencia.

¿Qué opinión le merecen los últimos acontecimientos relacionados con el juez Salvador Alba en relación a las presuntas maniobras para fabricar una declaración contra la magistrada en excedencia Victoria Rosell?
Es una excepción a la regla si finalmente se demuestra que las cosas han sucedido como nos cuentan que han sucedido. No es la primera vez que ocurre, pero estas quiebras del sistema judicial no son imputables al sistema entero, sino a personas determinadas.

¿Cree que los jueces deben hacer más labor pedagógica, explicar actuaciones o sentencias, incluso dar su opinión, aunque es cierto que en ocasiones han sido expedientados por ello?
Normalmente las opiniones que emiten están fuera de contexto. Algunos suelen opinar de cosas fuera del procedimiento y habitualmente son opiniones políticas o sociales que no siempre son pertinentes porque condicionan luego la independencia del juez. Me gusta el juez que se ocupa del caso con arreglo al procedimiento y se explica a través de sus sentencias.

Pero los jueces se asocian en torno a organizaciones análogas a partidos políticos.
Me parece bien que los jueces se agrupen para defender sus intereses profesionales, lo hacen todas las clases de funcionarios, incluso en el Ejército. Es una libertad que ejercen todos los ciudadanos que no se pierde por ser juez. Las asociaciones se hacen un poco peligrosas cuando se interfieren demasiado en asuntos políticos porque los ciudadanos suelen traducir entonces que los jueces intervienen en política y de ahí la grave acusación de que están politizados, o lo que es peor, que resuelven casos por su orientación política. De lo primero no se puede llegar a lo último porque un juez es ciudadano con orientación política pero no emite sentencias políticas. Mi experiencia es que los jueces son independientes en general, según su leal saber y entender, que no siempre es muy exacto, razonable o bien informado.

No obstante, los ciudadanos creen que la Justicia está politizada por mucho que los operadores jurídicos lo nieguen.
Hay que establecer alguna distancia entre la ocupación de cargos políticos y el desempeño de cargos judiciales. Esos saltos que se producen desde la magistratura a la política y retorno a la práctica cuando se le ve una orientación política es malo para la Justicia, pero eso es excepcional. Los jueces estrella o quienes utilizan el oficio para progresar social o políticamente son gente corrupta porque usan potestades públicas para fines de carácter privado y eso debe cortarse radicalmente.

¿Cree que debería haber un sistema que limite la reincorporación de jueces tras haber pasado por la actividad política?
Debe haber un periodo de tiempo en el que no puedan hacerlo. La política no puede prescindir de grandes ciudadanos y los jueces lo son habitualmente. Es gente formada y útil en las posiciones que desempeñan para el Estado, pero hay que poner cortafuegos para que no sea tan evidente la comunicación entre la política activa y el desempeño de la función jurisdiccional.

¿Qué opina de la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional llevada a cabo por el Gobierno el año pasado a toda prisa?
No estoy de acuerdo porque se traslada al Tribunal una función de carácter ejecutivo que no es propia.

Afirma que el título VIII de la Constitución está mal hecho.
Creo que el Estado de las Autonomías fue una buena solución para España y ha producido buenos resultados, pero el título VIII estaba técnicamente mal hecho respecto al reparto de competencias: no se sabía muy bien cómo se iban a organizar las relaciones intergubernamentales o la ley estatal y las autonómicas o que no se sabía con exactitud lo que significa la competencia exclusiva. Es muy impreciso.

Hay partidos políticos que plantean una recentralización.
No creo que quieran desandarlo del todo. Me parece irreversible la situación tal y como está. Otra cosa es que se analicen algunos títulos competenciales y se pueda razonablemente pensar si cosas que se han cedido a las autonomías no sería mejor que las gestionara el Estado, incluso puede ser al contrario, que competencias del Estado estarían mejor en manos autonómicas. Una recentralización es irreversible salvo que medie una revolución.

¿Es un buen modelo?
El modelo en la práctica ha funcionado durante más de 30 años, pero hay que revisarlo.

¿En qué aspectos cambiaría la Constitución?
Si se examina título por título, hay asuntos que nadie cambiaría como el preliminar o el de los derechos fundamentales que han funcionado bien. Quizás pueda introducirse algún derecho social para que tenga más garantías. Sobre el resto no hay grandes oposiciones salvo en el título VIII que hay que hacer cambios al igual que en el del Tribunal Constitucional. Quizás de los 169 artículos cabría hacer cambios en un 10%.

Canarias quiere anclar su REF en la Constitución. ¿Considera que es idóneo hacerlo?
Canarias se lo merece todo, pero en la Constitución creo que hay que poner las cosas que sean principales. A lo mejor la regulación que hay ahora no le gusta a un partido político en un futuro, que quiera cambiar cosas por mejorar la actual regulación del Régimen Económico y la Constitución es muy rígida para hacer cambios. Convendría que estuviera en normas importantes como leyes orgánicas. La Constitución no se puede llenar con particularidades porque haríamos un texto interminable.

Algunas fuerzas políticas hablan de eliminar las diputaciones provinciales. En el caso de Canarias tenemos los cabildos insulares y nadie se atreve a plantear su eliminación.
Pues en Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha ocurre lo mismo. Nadie se plantea eliminar sus diputaciones provinciales y sin embargo el debate de las diputaciones está bien planteado porque hay algunas comunidades donde habría que suprimirlas. Depende del grado de arraigo o significación histórica que tengan las provincias. El debate no puede ser general, se puede hacer con razón en Cataluña, pero no en el País Vasco con sus diputaciones forales, que trascienden en importancia a la Comunidad Autónoma.

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