Tribunales Causa contra Miguel Ángel Ramírez

El Poder Judicial investiga a Alba tras revelarse la confabulación contra Rosell

El magistrado se enfrenta a sanciones que van desde la advertencia hasta su separación de la judicatura

13.05.2016 | 11:27
El Poder Judicial investiga a Alba tras revelarse la confabulación contra Rosell

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer de manera fulminante investigar de oficio el contenido de la grabación de una conversación entre el magistrado Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado por presunto fraude fiscal. En su charla, el juez, que sustituyó a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, ofrece al dueño del Grupo Ralons archivar una causa a cambio de que éste prestara declaración contra la magistrada y exdiputada de Podemos. El órgano de gobierno de los jueces determinará si de esa conversación se desprende la comisión por parte de Alba de alguna infracción disciplinaria y, de ser así, el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial se enfrenta a sanciones que van desde una advertencia hasta la separación de la judicatura.

El Poder Judicial ve graves las informaciones difundidas sobre la entrevista mantenida por Alba con el también presidente de la UD Las Palmas, en la que confabulan contra Rosell.

El documento sonoro desvela que el magistrado pactó con Ramírez en un encuentro previo el fondo de su declaración el 23 de marzo. En la comparecencia que se llevó a cabo ese día el empresario detalló su relación comercial con el director del diario digital Canarias Ahora, Carlos Sosa, pareja de Rosell, quien inició en 2014 una investigación contra Ramírez por delitos contra Hacienda.

Esta declaración y un informe de Alba en el que criticó el retraso "inexplicable" de la causa contra Ramírez atribuido a Rosell, resultaron claves para que el Tribunal Supremo decidiera abrir el 26 de abril una causa contra la magistrada por presuntos delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho.

Infracciones

El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, investigará el contenido de la grabación realizada a Alba por el propio Ramírez, así como las incorporará a las diligencias informativas abiertas como consecuencia de la queja presentada por Rosell el 25 de abril contra su sustituto en el mencionado juzgado, al que acusaba de abuso de autoridad y revelaciones indebidas.

Fonseca-Herrero se encargará de esclarecer si del audio se deduce que Alba incurrió en alguna de las infracciones previstas en los artículos 417 a 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o si en su caso necesitará llamar a testificar al investigado si los hechos tuvieran relevancia penal.

Los citados artículos detallan las actuaciones que pueden calificarse como faltas muy graves, graves y leves cometidas por jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos.

Entre las muy graves figuran la afiliación a partidos políticos; la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez; y la revelación por el juez de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, cuando se cause algún perjuicio a un proceso o a cualquier persona.

Son consideradas faltas graves por ejemplo el exceso o abuso de autoridad y el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas.

Si el CGPJ concluye que Salvador Alba cometió alguna falta, en función de su grado, el magistrado tendrá que afrontar una advertencia; una multa de hasta 6.000 euros; el traslado forzoso; suspensión de hasta tres años o la separación.

La grabación que motiva la actuación del Poder Judicial fue aportada por Ramírez a la juez Carla Vallejo, que a su vez sustituyó la semana pasada a Alba al frente del Juzgado de Instrucción número 8. Debido a su condición de magistrado Salvador Alba es aforado, por ello fuentes jurídicas apuntan que si Vallejo interpreta que hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito eleva la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que preside Antonio Doreste.

Ramírez proporcionó el martes a Vallejo el audio y una transcripción de 23 páginas con la grabación que hizo a Alba el 16 de marzo en su despacho en la Audiencia. El empresario sostiene que la reunión se produjo a instancias del magistrado y "ante lo extraño de la petición" tomó las "precauciones oportunas" y optó por grabar "por lo inusitado de la situación y ante su temor a ser objeto de una trampa".

Una versión opuesta esbozó Salvador Alba, quien, en un comunicado, aseguró ayer que "nunca" ha tenido "encuentro privado de ninguna clase" con Ramírez, sino que "han sido en todo caso públicos".

Explicó que mantuvo una declaración previa a su declaración procesal con el empresario en su despacho, a la que acudió acompañado de su letrado, tras la cual se produjo su emplazamiento para prestar declaración en la causa que se sigue en su contra. Destacó que dicha declaración previa fue solicitada "con insistencia" por el letrado de Seguridad Integral Canaria, personado en el procedimiento.

Alba remarcó que él "en ningún momento" ha imputado actividades irregulares a Rosell.

Subrayó que informó de la reunión y de su contenido "íntegro" al CGPJ, al tiempo que reiteró que el encuentro tuvo lugar en la Audiencia, "pese a la insistencia del letrado de que se realizara una entrevista privada en la sede empresarial de Seguridad Integral Canaria". "Me negué abiertamente, por su evidente improcedencia", adujo.

Alba sostiene que "nunca" ha ofrecido "favores procesales de clase alguna ni a este investigado ni a ningún otro, si bien han sido constantes las presiones recibidas por el mismo y por su entorno, incluido su letrado, por lo que se han ejercitado acciones penales".

Es más, indicó que en la instrucción de esta causa impuso una fianza a Ramírez de 17 millones y ordenó "una completa investigación patrimonial del mismo, se han practicado declaraciones testificales y una pericial contable, entre otras muchas diligencias", lo que, a su juicio, "dista mucho de cualquier pacto o artificio tendente a la exoneración del investigado".

Añadió que hasta el momento de su cese en el Juzgado, "no se había solicitado nulidad de actuaciones por ninguna de las partes. Sí, en cambio, solicitudes de archivo que fueron rechazadas". Por último, advirtió de que si se produjo una grabación en sede judicial y en el transcurso de un proceso penal, "sobre todo por quien es propietario de la empresa que tiene encomendada la seguridad del edificio judicial, se habría incurrido en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto". Por ello, ha emprendido acciones penales.

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