El Gobierno definirá los proyectos excepcionales de la Ley del Suelo

El Ejecutivo promete a los alcaldes que incluirá una ficha financiera en la norma para reforzar las oficinas técnicas municipales

10.05.2016 | 12:10
El presidente, Fernando Clavijo, presidió ayer la reunión con la Fecam para abordar el anteproyecto de la Ley del Suelo.

El Gobierno de Canarias está dispuesto a definir los proyectos públicos o privados "excepcionales" que se pueden acoger a la nueva Ley del Suelo, en tramitación. Así lo anunció ayer la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, tras la reunión con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El Ejecutivo acepta clarificar en el anteproyecto la figura de los proyectos de interés insular o autonómico que se pueden ejecutar, así como matizar "en qué momentos acudir al procedimiento". "Hay que dejarlo claro en el articulado para que no haya duda", apuntó Barreto.

Con ello se atiende una demanda de los alcaldes, que reclamaron fijar "límites" sobre las actuaciones excepcionales que pueden aprobar el Ejecutivo regional y los cabildos para evitar que haya "excesiva discrecionalidad en la toma de decisiones a la hora de valorar que una determinada actuación sobre el territorio pueda superponerse sobre los ayuntamientos". De hecho ésta es una de las 200 alegaciones presentadas por la Fecam, que instó al Ejecutivo a "acotar" los casos extraordinarios para que no choquen los proyectos que puedan promover los empresarios con los usos del suelo previstos en los planes generales municipales.

El alcalde de Guía de Isora y presidente de la Comisión de Urbanismo de la Fecam, Pedro Martín, apuntó, como posible solución, que, en base a que la ley ya establece una herramienta ágil que son las modificaciones puntuales "algunas de las excepcionalidades podrían entrar a través de los planes generales" mediante esta vía. Si eso no es posible, ve necesario establecer "determinados límites para que la ley quede absolutamente transparente", apostilló.

Asimismo, la Fecam consiguió arrancar el compromiso del presidente, Fernando Clavijo, de dotar a la ley de una ficha financiera para que los ayuntamientos puedan disponer de más personal dedicado al planeamiento. Ésta es una reivindicación histórica de los alcaldes. El hecho de que la norma incluya recursos económicos para ello "es un hito", reconoció Barreto. Esa partida servirá para fortalecer las oficinas técnicas municipales y lograr que salgan adelante planes generales y competencias sobre el territorio que pasan a ser responsabilidad de los consistorios.

En los últimos años ha caído la inversión del Ejecutivo regional para apoyar el planeamiento municipal, al pasar de más de seis millones de euros a poco más de un millón. Clavijo pidió ayer a la Fecam que le traslade una cantidad que considere necesaria para abordar anualmente el planeamiento en las Islas.

Los servicios jurídicos de la Fecam analizarán la realidad de los municipios y en qué fase está la tramitación de sus planes de ordenación para plantear su propuesta. "Redactar un plan general es muy caro y desborda las posibilidades de los ayuntamientos. Tener financiación, como hubo en el pasado, sería bueno", destacó Martín, que recordó que en Canarias sólo 12 municipios tienen aprobado su plan general y 35 están en tramitación. En Canarias se tarda una media de 12 años para aprobar planes generales, "hay ayuntamientos que llevan 16 años tramitándolo", lamentó la consejera, quien, por otro lado, confía en que la ley entre en el Parlamento en la primera quincena de julio, tras estudiar las alegaciones formuladas y el informe del Consejo Consultivo.

Entre las organizaciones que han presentado objeciones a la nueva normativa figura Ben Magec, que advierte que el reparto de competencias que incluye la nueva Ley del Suelo aumentará la conflictividad judicial en el planeamiento del territorio lo que, lejos de agilizar los procedimientos, provocará el efecto contrario previsto por el Gobierno. Los ecologistas opinan que este incremento de la litigiosidad puede provocar que aquellas sentencias que declaren la nulidad de un instrumento de ordenación lo hagan tarde y perjudique a terceros, con las consiguientes reclamaciones patrimoniales y el bloqueo de los usos del suelo.

Trasladar "el peso de las decisiones estratégicas" a los ayuntamientos es contradictorio para Ben Magec, ya que supone una mayor presión sobre el ámbito "más débil" de toda la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.

La organización recuerda que la falta de estructuras técnicas, jurídicas y administrativas en la mayoría de los ayuntamientos y la presión sobre los secretarios municipales y los alcaldes no ayudan a justificar la redistribución que plantea el texto. También consideran "irrenunciable" que haya un mínimo de coordinación territorial del planeamiento municipal en los planes insulares.

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