El Ejecutivo aprueba las instalaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

El Consejo de Gobierno entiende que éstas tienen mucha "importancia" para la puesta en marcha de nuevos proyectos de energías renovables en las dos islas

09.05.2016 | 15:30
El Ejecutivo aprueba las instalaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes 9 de mayo tres decretos por los que acuerda ejecutar diversas instalaciones eléctricas en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, unos proyectos que fueron declarados previamente de interés general, por razones de urgencia y excepcional interés.

Según destaca el Ejecutivo regional, estas instalaciones tienen mucha "importancia" para la puesta en marcha de nuevos proyectos de energías renovables en las dos islas.

Esta aprobación, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, permite seguir trabajando en una de las principales líneas estratégicas que el Ejecutivo se marcó al comienzo de la legislatura: avanzar en la implantación de energías renovables para posibilitar, entre otras cosas, la mejora y adecuación de las instalaciones de suministro eléctrico existentes.

Con respecto a Gran Canaria, el Gobierno ha aprobado dos decretos por los que acuerda ejecutar una nueva subestación eléctrica a 66 Kv en el término municipal de Agüimes y la ampliación de la subestación eléctrica de Aldea Blanca a 66 kv, en San Bartolomé de Tirajana.

En Fuerteventura, el decreto aprobado ordena la ejecución de una línea de entrada/salida a 132 Kv, una línea de conexión provisional a 66 Kv y una nueva subestación eléctrica a 132 Kv, todo ello en Jares, en el municipio de Tuineje.

Asimismo, en todos los casos, el Gobierno ordena iniciar el procedimiento de modificación del planeamiento afectado en el plazo de seis meses a partir del momento en que se notifique cada uno de los decretos.

La aprobación de estos decretos, tiene lugar una vez que ha concluido el plazo del trámite de audiencia, en el que las corporaciones implicadas podían informar sobre si los proyectos de las obras estaban conformes o no con sus respectivos planeamientos territoriales.

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