La Fiscalía pide hasta 4 años de cárcel para la cúpula del CCN por falsedad electoral

A su presidente Ignacio González también imputa un supuesto delito de malversación de fondos

22.04.2016 | 17:43
La Fiscalía pide hasta 4 años de cárcel para la cúpula del CCN por falsedad electoral

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido penas de hasta cuatro años de cárcel para cuatro dirigentes del CCN, entre ellos su presidente Ignacio González Santiago, por un presunto delito de falsedad de la ley electoral, así como para el expresidente de la Cámara de Comercio Ignacio González, al que también acusa de malversación de fondos.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra el administrador del CCN, José Luis Langa; su presidente, Ignacio González Santiago; y los dirigentes Pedro González Santiago y Juan Pedro Ruiz, y propone para ellos penas de cuatro años de cárcel (en el primer caso) y de seis meses (para los demás).

Asimismo, el Ministerio Público demanda que juzgue por estos mismos hechos al expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, Ignacio González Martín, para el que solicita tres años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad electoral.

La Fiscalía de Tenerife también inculpa en el posible delito de malversación a Pedro González Santiago, hijo del expresidente de la Cámara de Comercio y hermano del dirigente del Centro Canario Nacionalista, partido que en la actualidad no tiene actividad. En este caso, demanda que se le impongan tres años de cárcel.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía recuerda que la ley de Régimen Electoral General señala unos límites máximos de gasto electoral que puedan realizar los partidos que concurren a las elecciones y que no deben superar.

En el caso del CCN, para las elecciones autonómicas de 2007 tenía autorizado un gasto total de 2.088.736,35 euros, mientras que la cantidad total empleada, según el escrito de la Fiscalía, para financiar la campaña fue de 7.137.152,74 euros.

De acuerdo al escrito, con el ánimo de eludir los límites establecidos de gasto electoral, los cinco acusados "se pusieron de acuerdo para poder financiar la campaña electoral del CCN de forma que fueran varias de las empresas controladas por la familia del candidato Ignacio González Santiago las que hicieran efectivo los gastos publicitarios derivados de la misma".

Agrega que para ello Ignacio González Martín, como administrador de las empresas familiares, dio las órdenes para que los gastos de publicidad del CCN fuesen presuntamente facturados con cargo a estas sociedades "ocultando de esta forma el gasto real de la campaña al facturarse como si de servicios prestados a estas sociedades en su contabilidad y no en la del CCN".

El Ministerio Fiscal indica que del pago de estas facturas se ocupaba el acusado Pedro González Santiago, quien llevaba a cabo la gestión, coordinación y planificación de la campaña electoral del CCN desde la sede del partido, propiedad de la familia.

Todo el proceso se ponía en práctica, según la Fiscalía, con el consentimiento y el conocimiento del administrador del partido, José Luis Langa.

El escrito añade que los acusados se encargaron "de acomodar y controlar la contabilidad" del CCN para que no superase los límites establecidos en la ley de Régimen Electoral General y presentaron ante el Tribunal de Cuentas unas cantidades "que no obedecían a la realidad".

El Ministerio Público sostiene que Ignacio González Martín, aprovechando su situación como presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dispuso que dos empleadas dejasen de prestar sus servicios en esta entidad durante el tiempo que duró la campaña electoral y se instalasen en la sede del CCN.

Asimismo señala que González Martín y Pedro González Santiago, presidente de la Comisión de Exterior de la Cámara de Comercio, autorizaron que otro miembro de la entidad prorrogase su estancia en Venezuela para contratar a artistas de dicho país para la campaña electoral del CCN con cargo a la entidad cameral.

En concreto, la Fiscalía señala que el total de los gastos efectuados en Venezuela en concepto de billetes de avión y estancia en hoteles ascendieron a 10.336,39 euros, cantidad que el Ministerio Fiscal pide que devuelvan a la Cámara de Comercio.

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