Caso Unión en Lanzarote Las tramas de Urbaser y FCC

Fianza de 1,7 millones para la exalcaldesa de Arrecife por su "ambición por enriquecerse"

El Juzgado concluye la instrucción que investiga la adjudicación fraudulenta del servicio de basuras a Urbaser y la construcción del pabellón de Argana por FCC

22.03.2016 | 14:07
Fianza de 1,7 millones para la exalcaldesa de Arrecife por su "ambición por enriquecerse"

"Con una ambición por enriquecerse desmedida". Así define la juez de primera instancia número 5 de Arrecife a la que fuera alcaldesa de la capital de Lanzarote, María Isabel Déniz a la que se le pide una fianza de 1,7 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias por el presunto cobro de comisiones ilegales entre los años 2002 y 2010 dentro de la operación Jable del Caso Unión. Se estima que Déniz podría haber cobrado al menos 450.000 euros.

Las investigaciones puestas en marcha por la UCO de la Guardia Civil se centran en las adjudicaciones fraudulentas de los contratos del servicio de recogida de basuras de Arrecife a la empresa Tecmed (luego Urbaser) y la construcción por parte de FCC del pabellón de deportes de Argana Alta.

Según la juez instructora, "existen indicios solventes de la existencia de una trama organizada en torno al Ayuntamiento de Arrecife, instaurada en el año 2000 y cuyos hechos a efectos de la presente investigación se centran entre los años 2002 a 2006, con el fin de favorecer mediante la contratación pública el lucro de todos los intervinientes de tal manera que mediante la inobservancia de la normativa administrativa, se permitía la despatrimonialización del Erario Público". En el auto se especifica que "los cargos públicos satisfacían su ánimo de lucromediante las comisiones percibidas (dinero privado y regalos) o mediante la directa percepciónde parte de los fondos públicos. Los particulares intervinientes, bien como trabajadores, o bien como empresarios, cumplían las exigencias de la trama, obteniendo también el beneficio de adjudicación contractual que de otra manera no les habría correspondido, con el consiguienteenriquecimiento ilícito", destaca.

Según el auto dado a conocer ayer la exalcaldesa de Arrecife reclamó a cambio de favorecer estas obras de forma fraudulenta "una serie de exigencias periódicas de objetos de lujo como relojes, joyas y bolsos, viajes, pagos en dinero y demás dádivas".

Entre los regalos efectuados a Isabel Déniz se pueden incluir 42.000 euros en efectivo y un Rolex Cadete valorado en 4.750 euros, 3.600 euros a pagar a emisoras de radio para que "hablen bien de Maria Isabel", gastos de 3.000 euros mensuales para ropa y peluquería, bolsos valorados en 800 euros o un viaje a Kenia valorado en 14.400 euros en compañía de su marido Jose Domingo Cabrera Abreut, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la mujer de este último para pagar su participación en la alteración del concurso y adjudicación directa del contrato de la empresa Tecmed.?

Otro de los viajes más llamativos de la alcaldesa de Arrecife costeado por una de las empresas beneficiarias de las obras (FCC) fue el que realizó a Marruecos en diciembre de 2005, de ocho noches , en compañía de su marido, su hija, tres hermanos y sus parejas por valor de 17.340 euros.

El juzgado también ha dispuesto requerir una fianza de poco más de un millón de euros al exjefe de su oficina técnica Juan Rafael Arrocha y de 240.000 euros al que fuera presidente del PIL, Dimas Martín Delitos contra la Administración Pública, como cohecho, malversación y prevaricación, son algunas de las acciones punibles sobre las cuales trata ese auto, en el que figuran como imputadas otras catorce personas, además de María Isabel Déniz y Dimas Martín, que ocuparon cargos públicos militando en las filas del PIL. Según el auto, Dimas Martín podría haber cobrado una comisión de 60.000 euros, mientras que en el caso de Arrocha, "habrían alcanzado mínimamente los 258.000 euros".

En lo que respecta al resto de los imputados, el juzgado ordena que se de traslado del auto al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas, para que, en un plazo de 30 días hábiles "formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prevista por la ley, o bien el sobreseimiento de la causa".

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