La Justicia archiva de forma definitiva la pieza contra Clavijo en el 'caso Corredor'

La Audiencia Provincial exonera a los acusados

14.03.2016 | 11:28
La Justicia archiva de forma definitiva la pieza contra Clavijo en el 'caso Corredor'

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha archivado de forma definitiva la pieza separada número 22 del denominado caso Corredor por la que había sido imputado, junto a otras 11 personas, Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno de Canarias aunque en el momento de abrirse dicha investigación era concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, primero, y alcalde del mismo municipio, después. A Clavijo lo investigaron por presunta malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Además de él, habían sido imputadas tres concejales más de la Corporación lagunera (la edil socialista María José Castañeda y las nacionalistas Blanca Pérez y Aymara Calero), además de varios técnicos municipales y otros empresarios del sector del ocio, entre ellos Evaristo González Reyes.

A parte de esta sentencia, a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna mantiene el grueso de la pieza principal del caso Corredor, por la que se investiga a González Reyes por diferentes delitos, entre los que destaca una presunta estafa a la Seguridad Social que se ha peritado en más de cuatro millones y medio de euros.

Esta sentencia se produce después de que la juez sustituta Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, que asumió el Juzgado tras la inhibición del magistrado César Romero Pamparacuatro, dictara un auto de sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza separada 22 por insuficiencia de indicios contra los investigados el 16 de abril de 2015, una decisión que además se sustentaba en un escrito previo de la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez.

Los abogados de la acusación particular, que representa los intereses del empresario Carlos Calderón, antiguo propietario del pub Sketch, y de la acción popular que encarna la formación política Alternativa Sí se puede, recurrieron tal decisión judicial ante los Juzgados de La Laguna como a la Audiencia Provincial. Por su parte, el empresario Evaristo González solicitó la inhibición de la Audiencia Provinicial al considerar que dicho órgano no era competente para dirimir los asuntos que afectaban a un diputado regional y presidente del Gobierno de Canarias, por lo que reclamó que fuera el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que atendiera los recursos planteados.
Los magistrados de la Audiencia Provincial resuelven ambas cuestiones desestimando tanto los recursos contra el archivo provisional de la pieza separada y sobre la cuestión de inhibición de conocimiento de la presente causa por este mismo tribunal en favor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. La Audiencia Provincial dicta esta sentencia, que es firme en cuanto al archivo de esta pieza separada 22, pero abre la puerta a un posible recurso de súplica para Evaristo González respecto a la petición de inhibición de este tribunal.

Los magistrados entran a resolver en primer lugar la cuestión de inhibición de este tribunal sustentando su disconformidad en que el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada 22 se dictó el 16 de abril de 2015, cuando Clavijo no disponía de la condición de aforado, que la obtuvo el 23 de junio de 2015, siendo elegido presidente del Gobierno el 7 de julio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincia explica, en lo que se refiere al sobreseimiento de la pieza, que ya por un auto de 3 de febrero de 2015 se declaró "no haber lugar a la imputación de Fernando Clavijo, Evaristo González, José Antonio Santana, presidente de la Federación de Empresarios del Ocio (Fecao) y Francisco Portocarrero, como autores de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación sobre la falta de tramitación de un acta de sanción de la discoteca Palco, de La Laguna, al entender que el entonces alcalde lagunero no presionó a ningún cargo municipal ni hizo ninguna gestión para que se retirase un acta sancionadora al local.

El caso del Palco

Pamparacuatro cargó la responsabilidad a la que entonces era edil de Urbanismo, Aymara Calero, a la que acusó de haber propuesto una solución a Santana para evitar el precinto del local y haber retrasado la ejecución de la medida para llevarlo a cabo. Más adelante también se eliminó la imputación de Clavijo por un presunto tráfico de influencias en el asunto de Urbaser al entender que el político no presionó a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos para que contratara al sobrino de una representante vecinal que le había llamado por teléfono para que la ayudara.

En marzo, y de igual manera, se retiró la imputación de Clavijo por un presunto fraude en las subvenciones a dos de los afectados por la aluminosis de Las Chumberas: el entonces portavoz vecinal y asesor municipal Ricardo González y la edil del PSOE María José Castañeda. Asimismo, se retiró la imputación por tráfico de influencias y prevaricación en la concesión presuntamente irregular de una licencia de obra al bar La Estación (La Cuesta).

A través de un auto fechado el 15 de abril de 2015, la juez Teresa Álvarez declaró nulas las intervenciones telefónicas de la Policía Nacional por la desaparición de un auto que debía prorrogar el permiso judicial sobre las mismas. La juez que abrió este caso, María Vega, había ordenado la intervención de las conversaciones telefónicas de los imputados. Sin embargo, dicho auto no se encontraba incorporado al sumario una vez que se levantó el secreto de las actuaciones y se emitió el auto de imputación en noviembre de 2014. Ante esta situación, las defensas de los imputados solicitaron la nulidad de todas las pruebas por estar viciadas pero el magistrado Pamparacuatro ordenó la reconstrucción de dicho auto de 21 de abril de 2010. No obstante, tras la reconstrucción de éste (del que tenía copia la Fiscalía), la causa se encontró con otro escollo tras la desaparición, inexistencia o no incorporación al sumario de otro oficio que debía prorrogar las escuchas a partir del 17 de septiembre de 2010. En este caso, quien las habría ratificado era la juez Matilde Flores, que sustituyó a María Vega.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial señala que a consecuencia de tal nulidad debe rechazarse también las pretensiones de las acusiones particular y popular, que habían pedido la práctica de determinadas diligencias de investigación acordadas en su momento y aún pendientes, como la declaración de diez testigos, entre ellos tres policías locales de La Laguna. Asimismo, los magistrados desestiman tener en consideración diversa documentación que acreditaría las irregularidades por las que se imputó a 13 personas. Los jueces explican en esta sentencia que "dicha documentación se aportó a la causa como consecuencia del examen de las conversaciones telefónicas viciadas de nulidad, por lo que deben quedar comprendidas en la nulidad declarada".

En cuanto a los hechos imputados a un policía local, al que Carlos Calderón, el empresario cuya denuncia inició el proceso, acusaba de un presunto delito de extorsión, la Audiencia Provincial ratifica la "existencia de versiones contradictorias entre las partes, sin que la imputación se vea refrendada por otros indicios". De igual manera, se resuelve el archivo de la causa contra los mandos de la Policía Local de La Laguna Juan José Díaz y Blas Enríquez, así como el propio Fernando Clavijo, en relación a un presunto delito de omisión de persecución de delitos. Tenían que ver con la "falta de actividad" en la corrección de las supuestas extorsiones del agente de la Policía Local contra el empresario Calderón, quien solo aportó una grabación en la que comunicaba la supuesta extorsión y persecución contra él y el pub Sketch, sin otra prueba. Mientras, desde la Policía Local se entregaron informes de averiguación y una relación de las actas levantadas a lo largo de cuatro años a diferentes pubs del Cuadrilátero, comprobándose que el de Calderón no era el más sancionado, por lo que tampoco cabe estimar en este punto el recurso presentado, señala la sentencia.

Las Chumberas

En lo que se refiere a la imputación por un presunto fraude de subvenciones –que afectaba a Blanca Pérez, Bruno Febles, Ricardo González, María Cristina Afonso, María José Castañeda y Fernando Clavijo–, sobre el que existían sospechas iniciales derivadas de las conversaciones obrantes en la causa entre Clavijo, González y Pérez relativas a realojos y concesión de subvenciones a María José Castañeda, en la que no concurrían los requisitos económicos exigidos en las bases aprobadas, también se archiva. Los magistrados de la Audiencia Provincial afirman que, según la documentación aportada por el Ayuntamiento de La Laguna, "no se ha causado perjuicio para el erario público, requisito imprescindible para acusar por un delito de malversación de caudales públicos. Los magistrados se refieren al informe realizado por el director gerente de Muvisa, en el que se recoge que se ha abonado a favor de María José Castañeda y Ricardo González los importes de 15.750 y 14.850 euros, respectivamente, según el convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna relativo a la reposición de Las Chumberas y que fue suscrito el 18 de noviembre de 2011. Según dicho informe, la totalidad de las cantidades abonadas a ambos perceptores se imputa a dicho convenio interadministrativo constando que la totalidad abonada a María José Castañeda fue de 25.250 euros y a Ricardo González, 25.391 euros.

Aluminosis

Añaden que a la vista de los informes realizados por Intemac y presentados a la Gerencia de Urbanismo, sobre las inspecciones de las viviendas de ambos que estaban afectadas por aluminosis, se desprende que los acuerdos municipales permitían la decisión adoptada de realojo y abono de cantidades para ayudas al alquiler y abundan en que, como en ocasiones anteriores respecto a los requisitos económicos, no se tuvieron en cuenta en esta ocasión ya que en las bases reguladoras se establecía que se podía prescindir de dichos criterios si concurrían causas humanitarias o ded fuerza mayor. Por ello, los magistrados también desestiman en este punto el recurso de apelación.

Por último, y en base a la impugnación recogida en el recurso de apelación de las acusaciones particular y popular sobre el archivo de la causa por no haberse practicado diversas diligencias de investigación acordadas con anterioridad, los magistrados desestiman tal pretensión debido a la "inviabilidad de la práctica de diligencias afectadas por la declaración de nulidad". Se refieren a las diligencias solicitadas para llamar a declarar a una testigo protegida, que tendría conocimiento de una supuesta reunión mantenida entre Carlos Calderón y personas que formaban parte del área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, así como del mismo Fernando Clavijo en 2005. Calderón acusaba de que era Evaristo González el instigador de dicha reunión y otras presuntas acciones de extorsión contra él para que cerrara el Sketch ya que González pretendía hacerse con él para montar un negocio de apuestas.

Sin embargo, los magistrados entienden también en este punto que "diez años después de tal supuesto acto de reconocimiento de una testigo protegida, y dado que las afirmaciones sobre la presunta extorsión de la que habría sido objeto Carlos Calderón no han sido corroboradas por dato contrastable alguno, no parece que la diligencia de declaración testifical pueda aportar dato alguno significativo, por lo que su testimonio ha devenido impertinente". Explican que "la práctica de diligencias se debe condicionar a las estrictamente necesarias para la determinación del hecho y sus partícipes". "Por consiguiente, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto, confirmando el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones", concluye la sentencia que señala que es firme.

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