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González Ortiz tendrá que declarar por los incendios del año 2012 en La Gomera

El TSJC reclama a un juzgado de San Sebastián a realizar las diligencias pendientes para aclarar si existen responsabilidades penales del diputado Casimiro Curbelo

14.03.2016 | 11:28
Límite del Parque Nacional de Garajonay durante los incendios de 2012.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha instado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera a que requiera a Javier González Ortiz, exconsejero de Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, en relación a la investigación iniciada por los incendios declarados en 2012 en la Isla Colombina, que arrasaron una importante masa forestal. Dicha investigación corresponde a las diligencias previas 891/2012 seguidas en dicho juzgado contra Casimiro Curbelo, quien hoy en día está aforado debido a su condición de diputado en el Parlamento de Canarias desde el pasado 23 de junio de 2015, y contra Javier González Ortiz.

En un auto emitido por la Sala de lo Penal del TSJC en agosto del año pasado –que ha adelantado en una información mirametv.com– en relación a un oficio anterior por el que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción solicitaba el traslado de dicha causa al alto tribunal canario habida cuenta de la nueva situación de aforado de Curbelo, los magistrados del TSJC resolvieron rechazar dicha petición motivando que "no consta practicada diligencia alguna de investigación de los hechos denunciados" desde hace más de tres años.

La Sala de lo Penal del TSJC considera que "no procede, al menos en el momento presente, asumir la competencia de la causa", al no haberse realizado las diligencias básicas para decidir si existen indicios de criminalidad en la actuación del presidente del Cabildo de La Gomera y diputado regional del Grupo Mixto (ASG). No obstante, las dos magistradas de la Sala de lo Penal que firman dicho auto otorgan "libertad de criterio" al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Sebastián de la Gomera.

Las magistradas añaden que "al menos, ha de ser oído en declaración Javier González Ortiz, quien no ostenta hoy en día la condición de aforado, para que explique las razones por las que se produjo una tardanza en decretar el nivel 2, y por qué, si así hubiera acontecido, se rebajó el nivel".

De igual manera, el TSJC considera necesario que se escuche el testimonio de Gregorio Medina, actual secretario general del PSOE en La Gomera y que en el momento del incendio ejercía funciones de presidente accidental del Cabildo, "siempre que se acreditara que en aquellas fechas Casimiro Curbelo se encontraba ausente por vacaciones".

Otra de las diligencias que ni siquiera ha llevado a cabo el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de la Gomera, y que le recuerdan las magistradas del TSJC en su auto, es la necesidad de "ofrecer acciones a los perjudicados por el incendio, así como valorar los daños producidos en los bienes y propiedades de los particulares y entidades públicas".

Después del citado auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez instructor emitió una providencia el 23 de octubre pasado para ordenar la causa y solicitar que se tome declaración, en calidad de "denunciados", tanto a Javier González Ortiz como a Gregorio Medina, así como a los testigos-peritos reclamados por la Sala de lo Penal y que son el técnico de Medio Ambiente del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes) así como el director del Parque Nacional de Garajonay "que se incorporó a su trabajo el 7 de agosto", así como a "los miembros del Seprona que emitieron informes sobre el incendio".

En la misma providencia, se remite también oficio a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para que informe de las condiciones climatológicas en los días en los que se produjeron los incendios, "particularmente los días 9 de agosto de 2012 y siguientes", y si por dichas condiciones era previsible la reactivación del incendio, así como si se comunicó "al Organismo Autonómico competente para que se pudieran adoptar las medidas de precaución pertinentes".

Respecto a González Ortiz, se le requiere para que "explique las razones por las que, en su caso, se produjo una tardanza en decretar el nivel 2, y por qué se rebajó el nivel de alerta pese a reavivarse el incendio".

La investigación intenta aclarar si existió una negligencia política a la hora de llevar a cabo las labores de extinción, en relación a las decisiones que se adoptaron al decretarse los diferentes niveles de actuación.

El incendió arrasó 4.100 hectáreas, el 11% de la superficie de la Isla, de las que 750 hectáreas eran del Parque Nacional de Garajonay. El fuego obligó a desalojar a una cuarta parte de la población y el Cabildo cifró las pérdidas en 71 millones.

Pese a todo lo anterior, en su momento la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife decidió archivar la denuncia formulada por Pedro Medina, exconsejero en el Cabildo de La Gomera, en la que solicitaba la apertura de diligencias por presuntas responsabilidades políticas de Curbelo durante el incendio.

La Fiscalía argumentó que, aunque los hechos denunciados por Medina pudiesen ser ciertos, hasta el momento las negligencias en el ejercicio de cargo público "no son susceptibles de reproche penal", y ello "aún a pesar de las graves consecuencias" que se pudieran derivar para la sociedad y el medio ambiente en particular. La Fiscalía señala que, "a falta de regulación penalística en materia de negligente gestión política, no es posible hallar en el Código Penal actual indicios de ilícito alguno en las conductas denunciadas, en espera de que el legislador sepa dar solución a este vacío legal".

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