Canarias seguirá con la vía judicial para lograr la gestión de los aeropuertos

Chacón anuncia un nuevo recurso al Supremo y no descarta acudir al Constitucional

10.03.2016 | 12:41

El Gobierno canario seguirá con la vía judicial para reclamar los derechos de la Comunidad Autónoma sobre la gestión de los aeropuertos de las Islas, tras la privatización parcial de AENA realizada por el Ejecutivo central del PP. La consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, dijo ayer en el pleno del Parlamento que el Ejecutivo recurrirá en casación al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la pretensión del Gobierno regional de obligar el Estado a que reuniese a la comisión mixta para negociar la gestión aeroportuaria.

Asismismo, Chacón no descartó acudir al Tribunal Constitucional una sentencia del Tribunal Supremo que es contraria a los intereses del Ejecutivo regional pero en la que, según la consejera, se dice que la privatización llevada a cabo da al Gobierno de Canarias capacidad para reclamar competencias en aeropuertos. El Tribunal Supremo rechazó la impugnación que la Comunidad Autónoma había presentado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la privatización parcial.

La titular de Obras Públicas compareció en el pleno a petición de Nueva Canarias. El portavoz de la formación nacionalista, Román Rodríguez, tachó la entrada de capital privado en el órgano gestor aeroportuario de "inmoral" e "inaceptable". Rodríguez advirtió que si el PP sigue gobernando en el Estado "no hay ninguna posibilidad de conseguir que Canarias pueda entrar en la gestión de los aeropuertos", por lo que instó al Ejecutivo regional a seguir por la vía judicial y que explore la opción del Tribunal Constitucional para que se cumpla el artículo 33 del Estatuto de Autonomía.

Rodríguez exigió a la consejera de Obras Públicas que sea "tan o más firme" que el Gobierno anterior de Paulino Rivero en la reivindicación de Canarias sobre los aeropuertos ante la privatización llevada a cabo por el Estado.

El único partido que se mostró a favor del proceso fue el PP, cuya portavoz, Australia Navarro, dijo que el Tribunal Supremo ha avalado la legalidad de la privatización y ha condenado al Gobierno canario a pagar las costas del proceso, lo que en su opinión es una "condena política".

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