Canarias pide al Gobierno de España una postura "más amable" con los refugiados

Firma un documento conjunto con otras comunidades autónmas exigiendo al Ejecutivo en funciones que cambie su postura en la Unión Europea

09.03.2016 | 16:41
Imagen de archivo.

Los gobiernos de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Navarra piden, en una declaración conjunta, al Gobierno central que cambie su postura en la Unión Europea frente a la crisis de los refugiados.

Los consejeros de estas autonomías en materia de atención a inmigrantes han firmado un documento conjunto, que se ha hecho público hoy, en el que ponen de manifiesto la "incapacidad y la resistencia del Gobierno de España para plantear respuestas y comprometerse en las soluciones" frente a esta crisis, y advierten de que "ese no es el sentir mayoritario".

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha avanzado en declaraciones a los periodistas tras la Comisión Mixta de Atención y Acogida a personas refugiadas y Desplazadas, que trasladarán esta declaración al resto de autonomías para que se sumen a la petición conjunta.

Las autonomías firmantes piden "un cambio en el discurso público del Gobierno de España", así como que se garantice la llegada de refugiados "en condiciones de seguridad" y se pongan los medios para darles una acogida "amable".

La crisis de los refugiados, señala la declaración, "pone en cuestión algunos de los valores más básicos sobre los que se asienta la propia construcción europea", como "la solidaridad entre sus miembros, la búsqueda de la paz, el compromiso con la promoción de la democracia y la garantía y protección de los derechos humanos".

Las autonomías firmantes lamentan que las instituciones europeas "no estén a al altura" de la gravedad de los conflictos que se vienen desarrollando a las mismas puertas de Europa, sin que se llegue a plasmar además mínimamente un compromiso humanitario para atender a las consecuencias de los mismos.

Advierten además que "se están poniendo de manifiesto en Europa actitudes y planteamientos que son incompatibles con el modelo de convivencia que tanto ha costado construir".

Respecto al Gobierno español, cuestionan su "reiterada negativa" a contar con las comunidades autónomas, que han ofrecido su plena colaboración, "un motivo adicional -añaden- de la incapacidad mostrada con la actual política de asilo y refugio".

Recuerdan asimismo que los gobiernos autonómicos son competentes en materias muy vinculadas al proceso de acogida e integración de los refugiados, como son vivienda, sanidad, políticas activas de empleo, formación de adultos, educación o servicios sociales.

Solo con la colaboración de todas las administraciones se puede conseguir este objetivo y ello requiere, también, que las CCAA se coordinen con ayuntamientos y otros entes locales que son los gestores de los aspectos más cotidianos de la convivencia, aseveran.

Por todo ello demandan a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados Miembros "una mayor implicación" a la hora de atender a las personas desplazadas por conflictos bélicos especialmente violentos y sangrientos.

Piden el desbloqueo de los procedimientos que permitan la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa, y exigen al Gobierno de España que ponga en marcha los medios económicos necesarios y los procedimientos administrativos que permita a las autonomías participar en la distribución de los recursos económicos destinados a la atención de este colectivo.

Reiteran asimismo su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de las personas refugiadas que pudiesen llegar, y consideran "imprescindible" el establecimiento de unos criterios de distribución geográfica "objetivos, homogéneos y consensuados".

Del mismo modo, exigen la convocatoria, con carácter de urgencia, de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar de forma conjunta esta cuestión, y piden la constitución de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para debatir un nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio.

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