La Cotmac pierde sus funciones en el urbanismo

La Comisión sólo informará sobre la tramitación de los planes sobre asuntos de competencia autonómica

24.02.2016 | 14:21
Imagen de archivo de un pleno del Parlamento de Canarias.

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el organismo autonómico que durante años ha tenido la última palabra en el urbanismo, solo conservará la función de informar en la tramitación de los planes sobre asuntos de competencia autonómica.

El anteproyecto de nueva Ley del Suelo que el Gobierno de Canarias va a presentar al Parlamento establece, a partir de ahora, un procedimiento "monofásico" en el que el ayuntamiento o el cabildo implicado será el responsable, de principio a fin, de aprobar sus planes de ordenación o de urbanismo, recabando los informes correspondientes, sin someterse al filtro que hasta ahora ejercía la Cotmac, que valoraba previamente su legalidad y podía frenarlos.

La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (CC), ha explicado hoy que la Cotmac conservará una participación en ese procedimiento: ya no emitirá informes de legalidad del plan en cuestión (eso le corresponderá hacer al ayuntamiento o cabildo que lo tramita), sino que se pronunciará sobre cómo encaja el contenido de ese instrumento en cuestiones que competen al Gobierno canario.

De esa forma, la Cotmac unificará en un solo documento todos los informes que deben emitir las distintas consejerías involucradas, cuyo contenido será vinculante para el ayuntamiento o el cabildo que promueve el plan. Decidir si el ayuntamiento o el cabildo ha respetado las directrices de ese informe ya no será función de la Cotmac, sino que lo determinarán los tribunales, llegado el caso.

¿Qué ocurre si el Gobierno considera que el ayuntamiento o cabildo no respeta lo que estableció la Cotmac? "Pues que aprobará el plan, pero nos veremos en los tribunales", ha resumido Barreto.

Para evitar que la tramitación de los procedimientos se demore en exceso (el Gobierno pretende que los planes municipales salgan en 22 meses), la Cotmac solo dispondrá de dos meses para emitir su informe preceptivo y vinculante. Transcurrido ese tiempo, el ayuntamiento o cabildo puede seguir con la tramitación del plan.

Sin embargo, Barreto ha precisado que los informes de la Cotmac sobre cuestiones de competencia autonómica seguirán siendo vinculantes aunque se emitan fuera de plazo, por lo que el ayuntamiento o cabildo que decida seguir con la tramitación sin él a los dos meses, asumirá el riesgo de adaptarlo después.

Otra de las novedades de la tramitación de planes de ordenación insular o de urbanismo municipal consiste en que todas comenzarán con la evaluación de impacto ambiental, el filtro que generalmente más demora los procedimientos, para que desde el primer momento estén claros los límites que se marcan.

La consejera ha subrayado, de hecho, que la nueva Ley del Suelo parte de un criterio "conservacionista", porque en ningún momento alterará los espacios protegidos de la comunidad autónoma ni los suelos catalogados con algún tipo de protección.

En cuanto a la composición de la nueva Cotmac, Nieves Lady Barreto ha precisado que aún no se ha decidido, sino que se fijará en un reglamento que seguirá a la ley, una vez que el Parlamento haya aprobado esta. Pero sí ha adelantado su criterio: saldrán de esa Comisión los representantes de los cabildos y ayuntamientos, porque solo se va a informar sobre cuestiones autonómicas.

La nueva Ley del Suelo de Canarias surge con el propósito, además, de simplificar la "maraña normativa" que, a juicio de la Consejería de Política Territorial, existe hoy en esta materia en el archipiélago: una Ley del Suelo refundida de normas anteriores, leyes de directrices, directrices de ordenación y preceptos en materia de ordenación incluidos en legislación de otro tipo.

También se propone contar con el sector primario, que tradicionalmente se ha sentido al margen del diseño del planeamiento, lo que se ha traducido en la participación de ingenieros agrónomos en el comité que ha preparado el proyecto.

Una de las principales novedades al respecto es que "se da la vuelta" a la determinación de qué es suelo rústico. A partir de ahora, lo será todo aquel que no esté clasificado para otros fines.

La ley también pretende dar una salida en este ámbito a las explotaciones agrícolas y ganaderas que tenían problemas de autorización, a pesar de venir funcionando desde hace tiempo. En su caso, se les dará el beneficio de usos consolidados.

Otra de las novedades que incluye el anteproyecto de ley reside en el plazo en el que prescriben las órdenes de demolición dictadas por las administraciones en expedientes de disciplina urbanística: ahora el período se alarga de cinco a diez años.

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