La Fiscalía archiva la denuncia de Rosell contra el fiscal jefe de Las Palmas

La magistrada y diputada de Podemos consideraba que García-Panasco se había extralimitado en sus funciones

17.02.2016 | 16:02
Imagen de archivo de Victoria Rosell.

La Fiscalía General del Estado ha archivado las diligencias incoadas contra el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, como consecuencia de la denuncia presentada por la juez en excedencia Victoria Rosell, por considerar que se había extralimitado en sus funciones.

Según ha informado hoy en un comunicado, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado estima que los hechos denunciados por la diputada de Podemos no son constitutivo de infracción disciplinaria, por lo que ha decretado el archivo de las diligencias incoadas al respecto, lo que notificó ayer a las partes.

La juez en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell había denunciado a García Panasco por entender que se había extralimitado en sus funciones al abrir una investigación sobre la instrucción que ella había realizado en un caso de fraude fiscal donde figuraba como acusado el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía de Las Palmas pretendía conocer si Rosell incurrió en algún tipo de responsabilidad disciplinaria en ese procedimiento, tras tener conocimiento de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, había firmado un acuerdo en octubre con la UD Las Palmas para traspasarle la gestión de una licencia de radio por 300.000 euros.

La Fiscalía Provincial trasladó sus indagaciones al respecto al Consejo General del Poder Judicial para que decidiera si procedía o no sancionar a Rosell, pero el órgano de gobierno de los jueces determinó la semana pasada que la ahora diputada no había cometido ninguna infracción alguna de sus obligaciones como instructora.

En su queja contra el fiscal jefe de Las Palmas, Rosell alegaba a su vez que existe una notoria enemistad de García Panasco y de la fiscal que se encargó de la investigación, Evangelina Ríos, hacia su persona y que el Ministerio Público carece de competencias disciplinarias sobre los jueces.

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