La juez del 'caso Guillermo García' pide refuerzos para abordar la investigación

Solicita un magistrado de apoyo que le permita centrarse en las presuntas irregularidades en la Tele Canaria

12.02.2016 | 12:25
La juez del 'caso Guillermo García' pide refuerzos para abordar la investigación

María de Los Ángeles de Lorenzo-Cáceres y Farizo, juez que instruye la operación Gloria, una investigación por presuntas irregularidades en la Radio Televisión Canaria (RTVC) durante los ocho años de dirección de Guillermo García, ha pedido refuerzos al Tribunal Superior de Canarias (TSJC) para poder centrarse en este proceso, que se está convirtiendo en una macrocausa judicial.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un juez de refuerzo que se encargue del resto de asuntos para ella poder abordar un caso que cada día cobra más complejidad y acumula más personas involucradas. Fuentes del TSJC confirmaron ayer a la opinión de tenerife que les ha llegado esta petición y que la Sala de Gobierno del alto tribunal está estudiando la situación de todos los juzgados de la Isla para saber si se puede derivar algún magistrado de adscripción territorial al número 4 de la capital tinerfeña, lo cual parece probable y se pueda concretar en las próximas semanas ante la voluminosidad cada vez mayor del también conocido como caso Guillermo García.

Los jueces de adscripción territorial no están destinados a un juzgado en concreto y van cubriendo las necesidades en las diferentes circunscripciones. Por ejemplo, estos altos funcionarios han reforzado en los últimos años especialmente los juzgados de lo social y los penales ante la proliferación, por un lado, de pleitos como consecuencia de la crisis y, por otro, ante la sucesión de casos de presunta corrupción política y empresarial, como es el caso de este proceso relacionado con la gestión de la tele autonómica.

María de Los Ángeles de Lorenzo-Cáceres ha imputado al exdirector de RTVC, al periodista y productor tinerfeño Francisco Padrón –mentor periodístico y amigo personal de Guillermo García– y a Lourdes Reyes, exdirectora financiera de RTVC, de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que abrió esta operación Gloria después de recibir denuncias anónimas, considera que García utilizaría la Radio Televisión Canaria para favorecer a su amigo Francisco Padrón contratándole programas, por un montante total de 2,3 millones de euros, muy por encima de su valor real. En concreto, los agentes creen que esos espacios, de muy baja calidad y la mayoría ofrecidos a altas horas de la madrugada o algunos ni siquiera emitidos por el ente público, se compraron con dinero público a un precio que cuadriplicaría su verdadero valor. Además, concluyen que García lo hizo para que Padrón pudiera saldar una deuda de 1,3 millones con la Seguridad Social que había provocado el embargo de las cuentas de su productora, Amanecer Latino.

Si la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acepta enviar un segundo juez al Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife sería la segunda vez que la Justicia reforzara la investigación de esta causa. A mitad del pasado mes de enero, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, se hizo cargo de las pesquisas. La fiscal delegada por Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, había participado en la investigación desde su inicio pero como miembro de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, es decir, en coordinación con la fiscal jefe provincial, Carmen Almendral. Pero pasó a asumir el caso como delegada de Anticorrupción de Madrid y, por tanto, su labor será supervisada por el máximo responsable de ese departamento, Antonio Salinas.

Y es que las averiguaciones ya no solo tienen que ver con los contratos sobre los hay muchas sospechas entre RTVC y Amanecer Latino, sino también con el resto de contratos que se hicieron durante los ocho años de dirección de Guillermo García, especialmente con las productoras Doble Diez y Siete Mares. En total, todas estas contrataciones supusieron un gasto de dinero público superior a 22 millones.

Apertura del sumario

Después de que se decretara la apertura del sumario, se cerrara nuevamente a finales del pasado mes de noviembre y se volviera a abrir en diciembre, la juez se centra ahora en investigar el patrimonio de Guillermo García ante las informaciones que han surgido sobre determinados movimientos económicos de su entorno. En un auto de la semana pasada, la juez pide al Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife que investigue dos transferencias de la empresa adjudicataria de los servicios informativos de la Televisión Canaria, de 14.616,25 euros cada una, a la empresa Pebaut Canarias SL realizadas el pasado mes de octubre. Según informa el periódico digital Canariasenhora, Pebaut Canarias es una empresa propiedad de la excuñada de Guillermo García que facturó por servicios de maquillaje.

En el auto, María de Los Ángeles de Lorenzo-Cáceres y Farizo solicita a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria "el volcado general de los datos que figuren en su base de datos de la sociedad Pebaut Canarias SL correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, y 2015, significando en todos los oficios a expedir que se investigan delitos públicos". También ordena enviar un mandamiento a la entidad Caixabank ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales "a fin de que faciliten los movimientos de la cuenta corriente aperturada a nombre de Pebaut Canarias SL desde enero de 2015 hasta la fecha, así como los datos de las planillas para identificar a los posibles portadores de cheques u otros efectos que se hubieran librado contra dicha cuenta".

La magistrada quiere averiguar si García pudo utilizar las cuentas de familiares suyos para percibir determinadas cantidades de dinero y si, como piensa la Policía, lo pagado a su excuñada con dinero público supera con creces el valor real del servicio. Se da la circunstancia de que la cuenta de esta empresa en la que se ingresaron los casi 30.000 euros estaría domiciliada en una sucursal de Caixabank del barrio de Valleseco de la que es director un hermano de Guillermo García.

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