El Gobierno canario destina 16,8 millones a la asistencia jurídica gratuita

El consejero de Justicia e Igualdad informa de que las Islas son la quinta Comunidad que más invierten en este servicio público

06.02.2016 | 02:47
El consejero de de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso.

El Gobierno de Canarias destina en su presupuesto de 2016 un total de 16,8 millones a la asistencia jurídica gratuita, un "compromiso irrenunciable" para garantizar derechos de las personas con menos recursos económicos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aaron Afonso, que ha comparecido hoy en comisión parlamentaria a petición del PP, ha informado de que Canarias es la quinta Comunidad Autónoma que más invierte en este servicio público, después de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, y esta partida es una de las más importantes dentro de la Consejería.

"La vulnerabilidad económica no puede ser obstáculo para poder acceder a la justicia gratuita", ha manifestado el consejero, quien ha dicho que este año se podrá abrir el diálogo con los colegios profesionales para actualizar los salarios de los turnos de oficio de cara al año 2017.

Asimismo, ha señalado que pedirá explicaciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores para ver cómo están confeccionado las listas de turno de oficio, tal y como le ha reclamado la diputada del grupo Mixto Melody Mendoza.

El diputado del PP Jorge Rodríguez ha destacado que la Constitución indica que la justicia debe ser gratuita cuando así lo disponga la ley y para quienes más lo necesitan y lo acrediten.

Jorge Rodríguez ha resaltado que si el servicio de asistencia jurídica gratuita se mantiene es gracias a los abogados y procuradores que lo están costeando en parte, pues el Ejecutivo paga con diez meses de retraso.

Ha exigido que se perfeccione el sistema relativo a la adjudicación del servicio, ya que, según ha dicho, se están concediendo con carácter provisional a muchas personas que no reúnen los requisitos para acceder a este beneficio.

La diputada de Podemos María del Río ha pedido que se aumenten los honorarios de los abogados y procuradores que de forma voluntaria prestan este servicio.

El objetivo, ha añadido, es que la justicia gratuita sea de calidad y se preste con inmediatez para garantizar un estado de derecho real y efectivo.

La diputada de Nueva Canarias María Esther González ha denunciado que el servicio de asistencia jurídica gratuita ha perdido peso económico mientras que los expedientes han crecido.

Este año el Gobierno destina 16,8 millones, la misma cantidad que el año pasado e inferior a la que se transfirió en el año 2014.

La diputada de CC Socorro Beato ha detallado que la confección de las listas para que abogados y procuradores puedan acceder al turno de oficio es competencia de los colegios profesionales y la Consejería está al margen de este proceso.

El diputado del PSOE Gustavo Matos ha reconocido que el presupuesto destinado a la asistencia jurídica gratuita "no es el mejor", si bien el Ejecutivo trabaja para mejorarlo.

El socialista ha valorado el esfuerzo del Gobierno para mantener el servicio y ha criticado la política de recortes llevada a cabo por el Gobierno central del PP, que ha afectado a la dotación de todos los servicios públicos, también los de la administración de justicia.

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