Acusan al Gobierno canario de arbitrariedad al regular el alquiler vacacional

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional acusa al Ejecutivo de aplicar a ese sector un reglamento "que atenta contra numerosos principios constitucionales"

05.02.2016 | 01:49
El abogado de la Asociación Canaria del Alquiler Vacaciones, Javier Valentín (d) y el profesor de derecho administrativo de la ULPGC, Manuel Sarmiento (i).

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha acusado este jueves 4 de febrero al Gobierno Autónomo de aplicar a ese sector un reglamento "viciado de arbitrariedad y que atenta contra numerosos principios constitucionales" y ha insistido en su reclamación de que se modifique dialogando con los afectados.

Prueba de que el denominado Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias, que aprobó el Ejecutivo mediante un decreto de 2015 que "entró en vigor al día siguiente", son las conclusiones de un informe que encargó al profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Sarmiento la Ascav, según ha asegurado su vicepresidente, Javier Valentín.

En una rueda de prensa convocada para presentar ese informe, que ha afirmado que es "independiente" porque lo elaboró un profesional ajeno a su asociación y contratado por haber hecho antes trabajos similares, y ha destacado que es "extenso", de más de cien paginas, Valentín ha dicho que el reglamento puede contener "incluso algunos preceptos contrarios al ordenamiento jurídico español".

Y, además, "atenta contra los derechos de los ciudadanos", ha añadido.

El vicepresidente de la Ascav ha detallado que su organización considera que la normativa regional "vulnera la Ley de Economía Sostenible y la libre competencia", entre otros preceptos y derechos, porque, por ejemplo, "prohíbe el alquiler turístico de viviendas en zonas turísticas" y "establece barreras de acceso a la actividad injustificadas".

Añadiendo que no hay razón para que no puedan alquilar su casa quienes viven en zonas turísticas "porque son muchos los visitantes de fuera que quieren pasar su vacaciones en las islas en una vivienda así y precisamente en esas zonas, que son las que más les atraen".

Javier Valentín ha sostenido que contenidos como esos revelan que "hay una presión importante de la patronal hotelera", que se opone a que los particulares le hagan la competencia alquilando inmuebles a los turistas, tras la actuación del Gobierno Autónomo, al que ha criticado también por haber impuesto el reglamento por la fórmula del decreto, y no haciendo una ley.

Con lo cual, "se ha privado al Parlamento de Canarias de la posibilidad de debatir sobre algo tan importante", ha sostenido, asegurando que, de hecho, en 2014 ascendió a 1.300.000 personas la cifra de los turistas que visitaron el archipiélago con esa modalidad de alquileres, lo que "supone un 10 % del turismo que llega a las islas".

Desde un planteamiento más técnico, Manuel Sarmiento ha planteado que, a su entender como especialista, el reglamento que cuestiona Ascav "tiene defectos de forma y de fondo importantes", hasta el punto de que ello "podría dar lugar a una anulación" de la norma.

El experto en Derecho Administrativo ha opinado que el texto del Ejecutivo presenta carencias desde sus apartados iniciales, en los que "no se exponen razones" para explicar por qué se pone en marcha el decreto, cuando en cualquier norma legal es habitual que haya una exposición de motivos que justifique su creación.

Además, "falta también el establecimiento de un periodo de transición", algo que sería de esperar "para que el cambio de modelo no sea tan brusco" y que, de hecho, se ha previsto en normas de regulación del alquiler vacacional aprobadas en otras comunidades autónomas, ha agregado.

Sarmiento ha afirmado que las circunstancias expuestas y otras hacen que "la normativa de Canarias sea una de las más duras" en esa materia de toda España, lo cual, sumado al hecho de que, además, "se ha hecho con defectos notables", respalda, según Javier Valentín, la demanda de su asociación de que sea modificada.

Lo cual acabaría beneficiando al propio Gobierno Autónomo, que, previsiblemente, se verá obligado a cambiarla en el futuro si la justicia da la razón a los recursos que han presentado en su contra personas particulares u organizaciones como la Ascav, según su vicepresidente.

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