Canarias da un mes a Madrid para retirar la evaluación final en Primaria

26.01.2016 | 12:28

El Gobierno canario ha dado un mes de plazo a Madrid para que derogue la evaluación final en Educación Primaria en los términos en que está contenida en el decreto que desarrolla la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La consejera de Educación del Ejecutivo canario, Soledad Monzón, señaló ayer que dicha prueba se instauró sin una consulta previa con las comunidades autónomas y contraviene el espíritu de la política educativa de las Islas.

"No estamos en contra de que se realicen este tipo de evaluaciones, pero defendemos que se realice con fines diagnósticos y no para establecer un ranking como plantea el Estado", explicó ayer Monzón. Ella fue la que impulsó la medida adoptada ayer por el gabinete de Fernando Clavijo.

Se trata del primer paso para una cuestión que terminará en el Tribunal Supremo. Pasado mañana acaba el plazo para optar por la judicialización y, transcurrido el siguiente mes, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma plantearán un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal español.

Esta sucesión de hechos provocará que no exista una resolución antes de que llegue la fecha en que debe realizarse la prueba. En ese caso, "habrá que cumplir la ley", avanzó Monzón.

No es la primera iniciativa judicial canaria en contra de esta norma. Con anterioridad se planteó un recurso de inconstitucionalidad contra varios de los preceptos que contiene. En el caso actual, es la "omisión del preceptivo trámite de consulta a las comunidades autónomas" lo que motiva la reclamación administrativa.

El proyecto de real decreto que contiene la obligatoriedad de la evaluación a la finalización de la Educación Primaria se incluyó en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 21 de abril del pasado año por la vía de los hechos consumados. Esto es, "sin haber permitido la participación previa de las comunidades autónomas en la redacción del anteproyecto mediante su análisis y posterior presentación de observaciones y alegaciones", explicó el Gobierno regional en un comunicado.

El Archipiélago se opone, además, a la obligatoriedad de que el profesorado que realice la prueba sea ajeno al centro. Asegura el Ejecutivo que eso conlleva una "dificultad organizativa" evitable si se encarga esa misión a docentes de otros niveles educativos del propio colegio.

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