La Abogacía del Estado respalda la actuación de la Fiscalía contra Rosell

La Sala de lo Contencioso del TSJC debe resolver si levanta la suspensión de una investigación que ya está concluida y en manos del Consejo del Poder Judicial

17.12.2015 | 02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) deberá resolver hoy si levanta, mantiene o modifica la medida que adoptó el pasado viernes para proteger los derechos fundamentales de Victoria Rosell, magistrada en excedencia y candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas. La Abogacía del Estado asumirá la defensa de la Fiscalía de Las Palmas tras la demanda de la exjuez, con el argumento de que el ministerio público no ha abierto un proceso disciplinario para investigarla, sino diligencias informativas preprocesales para verificar la existencia de un negocio radiofónico entre la pareja de ésta y la UD Las Palmas, pues el presidente del equipo amarillo, Miguel Ángel Ramírez, es investigado por el juzgado de Rosell y Fiscalía cree que puede existir una incompatibilidad en su actuación.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC con sede en Las Palmas dio la razón parcialmente a Rosell y ordenó a la Fiscalía que suspendiera la tramitación de esas diligencias, pero, cuando el tribunal adoptó esa resolución, el ministerio público ya había remitido el expediente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la finalidad de que se le abriera un expediente por supuestas infracciones disciplinarias vinculadas a su labor como instructora.

La fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, atribuye a la exjuez un "retraso injustificado" en la tramitación de una causa por fraude fiscal contra Seguridad Integral Canaria, así como la posible vulneración del deber de abstención por no apartarse de ese procedimiento durante el tramo final de su etapa judicial.

Rosell obtuvo la excedencia para dedicarse a la política el 22 de octubre, y seis día después su pareja, el periodista Carlos Sosa, cerró un negocio radiofónico con la UD Deportiva Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, es el principal imputado en el proceso contra Seguridad Integral Canaria. Se trata de un contrato de 300.000 euros para usar la frecuencia de la radio explotada por Sosa, que firmó el contrato de prestación de servicios con el director general del club, Patricio Viñayo. Ramírez asegura que desconocía las gestiones.

La Fiscalía, tras recibir el contrato de forma anónima, recabó el testimonio de varios implicados y ha llegado a la conclusión de que las negociaciones empezaron en la segunda semana de octubre, es decir, cuando la magistrada aún estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí las posibles faltas disciplinarias que el ministerio público achaca a la juez, las cuales han derivado en un pulso sin precedentes en la Administración de Justicia.

¿Puede la Fiscalía recabar datos de manera interna sobre la actuación de un juez para luego denunciarlo al CGPJ por motivos disciplinarios? Esa es la gran cuestión que deberá abordar la Sala de lo Contencioso del TSJC. Los magistrados, con Javier Varona como ponente, ordenaron el viernes a la Fiscalía que suspendiera "el proceso disciplinario", según lo denomina la magistrada en su recurso. El tribunal no entró en el fondo del asunto, sino que adoptó la medida cautelarísima por estrictos motivos de urgencia, es decir, ante la inminencia de las elecciones y la participación en las mismas de la candidata.

Rosell también solicitó a la Sala de lo Contencioso que la paralización de la investigación se mantenga hasta resolverse la petición de nulidad por la vulneración de sus derechos fundamentales y, en todo caso, hasta que "finalice el proceso electoral". El tribunal, en cambio, tras acordar la suspensión temporal, concedió tres días a la Abogacía del Estado para que conteste a la demanda. Lo mismo hará la Fiscalía de Canarias, que está legitimada para participar en los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales.

En el ámbito judicial hay expectación por conocer la postura del Tribunal Superior de Canarias, sobre todo si la Sala de lo Contencioso decide ir más allá de la medida cautelar planteada y entra en el fondo del asunto, esto es, si aborda o no la posible vulneración de los derechos de la juez al promover la Fiscalía de Las Palmas un "proceso disciplinario" para el que no tiene competencias.

Sí es seguro que el tribunal deberá pronunciarse sobre la continuidad, la retirada o la modificación de dicha medida cautelar. Eso, al menos, es lo que establece el auto judicial del pasado viernes. El problema, en cualquier caso, es que las diligencias objeto del recurso están terminadas y en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), único órgano competente para abrir un expediente a un juez por motivos disciplinarios, cuya jurisdicción escapa a los tribunales superiores de justicia y recae en la Audiencia Nacional, según fuentes judiciales.

De ahí la expectación sobre lo que decida la Sala de Canarias y su repercusión en el expediente remitido al CGPJ. La candidata afectada ha vaticinado que el órgano de gobierno de los jueces estudiará su caso después de las elecciones y espera que sea anulado por el TSJC. La Fiscalía, por contra, defiende la legalidad de su actuación.

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