El Poder Judicial investiga a Rosell pese al freno de la denuncia por el TSJC

Las diligencias abiertas por la Fiscalía se enviaron a Madrid antes de que el Tribunal emitiera la orden de paralización por vulnerar derechos fundamentales

15.12.2015 | 11:27

La investigación por una supuesta infracción disciplinaria de la magistrada en excedencia y candidata de Podemos, Victoria Rosell, durante la instrucción de la causa contra Seguridad Integral Canaria se enreda en Madrid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPG) recibió ayer la queja presentada por la Fiscalía de Las Palmas, según informa Efe, por lo que en pocos días debe decidir si la archiva o le abre expediente por no haberse apartado del caso. Ello cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya había ordenado el pasado viernes la suspensión urgente de la diligencia impulsada por la fiscal de caso, Eva Ríos.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC, con Javier Varona como ponente, admitió el recurso especial de protección de derechos fundamentales presentado por Rosell esa mañana y en la que aduce su derecho como candidata en la actual convocatoria electoral a participar en la misma en condiciones de igualdad y a defenderse con todas las garantías.

La orden llegó a la Fiscalía después de que ésta concluyera su investigación y remitiera el expediente al CGPJ. El ministerio público no puede, pese a la contundencia de la resolución del TSJC, frenar la tramitación de unas diligencias finalizadas y remitidas al órgano de gobierno de los jueces, único competente para determinar si Rosell ha incurrido o no en una infracción disciplinaria.

La queja continúa, pues, su cauce porque el CGPJ tampoco tiene conocimiento oficial de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Canarias que, una vez emitida la orden, tenía previsto reunirse el jueves para decidir sobre la solicitud de Victoria Rosell de aplicar una medida cautelarísima y parar la investigación. De aprobarse la medida sólo estaría en vigor un día; la magistrada pidió la suspensión durante la campaña y esta acaba el viernes.

La investigación abierta por Ríos hace poco más de quince días pretendía recabar datos sobre un negocio radiofónico entre el propietario de Seguridad Integral y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa. Este cerró un contrato con UD Radio, por un montante de 300.000 euros, para emitir por la frecuencia propiedad de Sosa. El acuerdo se rubricó el pasado 28 de octubre, seis días después de que Rosell obtuviera la excedencia del Poder Judicial para presentarse a las elecciones del próximo domingo y esta abandonara el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Varios testigos, a los que la Fiscalía llamó a declarar, aseguraron que las negociaciones se iniciaron antes de resolución de la excedencia.

Por su parte, ayer la asociación Jueces para la Democracia (JpD), de la que Rosell es portavoz en Canarias, considera ésta está siendo víctima de una "utilización partidista de la Administración de Justicia". En un comunicado, JpD denuncia que la investigación de la Fiscalía se ha llevado a cabo "negando a los interesados el acceso al expediente, vulnerando con ello sus derechos y al margen del proceso legalmente establecido".

"Desde Jueces para la Democracia denunciamos esta situación de utilización partidista de la Administración de Justicia, que en este caso afecta gravemente a la independencia judicial, siendo imperativo que se adopten medidas necesarias para evitar que se siga comprometiendo a instituciones llamadas a realizar una función fundamental en un Estado de Derecho", advierte este colectivo.

JpD recuerda a la Fiscalía que la competencia disciplinaria sobre los jueces y magistrados "la ostenta el Consejo General del Poder Judicial, sin que exista ninguna atribución específica del Ministerio Fiscal por la que este pueda iniciar unas actuaciones como las que ha tramitado".

Este colectivo también se queja de que se hayan filtrado a algunos medios contenidos de ese expediente, cuando tiene "carácter reservado" y no se ha puesto a disposición de las partes.

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